Calderón en campaña
JOHN M. ACKERMAN
13 de mayo del 2009Semanario de análisis Proceso
El triunfalista discurso que Felipe Calderón pronunciara en cadena nacional el pasado lunes 4 demuestra sus claras intenciones por intervenir personalmente en las campañas electorales, utilizando políticamente la crisis sanitaria para favorecer a su gobierno y al Partido Acción Nacional. Frente a ello, la sumisión y complicidad del Instituto Federal Electoral (IFE) pone en evidencia una vez más su falta de autonomía, objetividad e imparcialidad.
Uno de los logros más importantes de la reforma constitucional en materia electoral de 2007 fue la expresa prohibición de la difusión de propaganda gubernamental durante las campañas políticas. El nuevo texto de la Carta Magna señala que, “durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental”. Supuestamente desde el pasado 3 de mayo a ninguna entidad gubernamental se le debería permitir utilizar los medios para dar a conocer sus acciones o promover sus logros.
Sin embargo, no habían pasado siquiera 48 horas cuando Calderón decidió violar esta disposición constitucional con su mensaje a la nación. Para justificar su abierto atropello de la ley, el presidente recurre a una excepción prevista para “campañas de información… relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección en casos de emergencia.” Sin embargo, el discurso de Calderón de ninguna manera puede ser considerado parte de una “campaña de información” y tampoco fue una alocución “necesaria” para atender la emergencia sanitaria.
La aparición de Calderón en la televisión fue un vil acto de propaganda gubernamental diseñado para apuntalar políticamente al partido en el poder. Todo el discurso estuvo aderezado de afirmaciones como las siguientes: “hemos actuado firmemente”, “hemos hecho lo correcto”, “tomamos las medidas correctas” o “nuestra estrategia está funcionando bien”. Estas formulaciones repetidas ad nauseum no tienen nada que ver con una campaña de información necesaria para atender la crisis sanitaria y caben perfectamente dentro de la definición de “propaganda” que nos ofrece el Diccionario de la Real Academia Española: “Acción o efecto de dar a conocer algo con el fin de atraer adeptos o compradores”.
Es muy extraño que ningún partido político se haya atrevido a denunciar esta evidente ilegalidad. Pero lo que resulta aún más extraño es el total silencio del IFE en esta materia. Eso sí, los consejeros electorales ya se frotan las manos frente a la oportunidad de sancionar a Andrés Manuel López Obrador por la supuesta violación a las medidas sanitarias en una reunión de apenas 500 personas realizada recientemente en Tabasco. Pero ante la obvia y pública violación a la propia Constitución por parte de Calderón, los guardianes de la legalidad electoral guardan un silencio vergonzoso.
En general, ante la crisis sanitaria el IFE ha abdicado de su responsabilidad como máxima autoridad administrativa en materia electoral. En lugar de convocar a todos los actores relevantes para analizar las implicaciones de la nueva coyuntura política y el desarrollo de las próximas elecciones federales, la autoridad electoral se ha convertido en simple correa de transmisión para las decisiones tomadas en Los Pinos y Bucareli.
Tal y como ocurrió con la negociación de las multas por el desacato de Televisa y TV Azteca, una vez más el consejero presidente, Leonardo Valdés, acudió a la Secretaría de Gobernación para recibir instrucciones. En lugar de citar a Fernando Gómez Montt, José Córdova Villalobos y los partidos políticos en las instalaciones del IFE, Valdés aceptó ser un invitado más en Bucareli para conversar sobre la posibilidad de modificar la fecha de la elección. Así mismo, el IFE aceptó sin comentario alguno la imposición unilateral de parte de la Secretaría de Salud de unos Lineamientos sanitarios para los períodos de campañas electorales y capacitación que son imposibles de implementar y además introducen fuertes desequilibrios en la contienda electoral.
También vale la pena recordar que el secretario de Salud no tiene facultad alguna para regular las campañas electorales. Aun aceptando sin conceder la legalidad del decreto del 24 de abril que supuestamente lo habilita con poderes extraordinarios casi dictatoriales, ningún decreto presidencial puede colocarse por encima del texto constitucional que señala sin titubeos que el IFE en la única autoridad administrativa responsable en materia electoral.
Urge que el IFE ponga un alto a la utilización política de la crisis sanitaria. La autoridad electoral debería prohibir tajantemente cualquier manejo personalizado de las acciones estatales en la materia, así como asegurar que los anuncios, mensajes y conferencias de prensa tengan un carácter plural que representa la diversidad de las expresiones políticas del país. Los consejeros también deberían investigar las violaciones ya cometidas así, como defender su autonomía ante las imposiciones del gobierno federal. De lo contrario, podríamos encontrarnos de nueva cuenta ante una elección de Estado con consecuencias nefastas para el futuro de la convivencia democrática en el país.
P.D. La Suprema Corte de Justicia de la Nación una vez más se ha negado a revisar la solicitud de acceso a las boletas electorales de 2006. Sin embargo, sigue pendiente la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
También falta que el Tribunal Electoral vuelva a revisar el caso, ahora a la luz de las reformas constitucionales al artículo 60 en materia de transparencia y al artículo 99 con respecto a las facultades de interpretación del tribunal. Todo ciudadano que siga preocupado por conocer la verdad histórica debería dar una muestra de su interés y desde hoy someter al IFE nuevas solicitudes de acceso a la documentación electoral.
Uno de los logros más importantes de la reforma constitucional en materia electoral de 2007 fue la expresa prohibición de la difusión de propaganda gubernamental durante las campañas políticas. El nuevo texto de la Carta Magna señala que, “durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental”. Supuestamente desde el pasado 3 de mayo a ninguna entidad gubernamental se le debería permitir utilizar los medios para dar a conocer sus acciones o promover sus logros.
Sin embargo, no habían pasado siquiera 48 horas cuando Calderón decidió violar esta disposición constitucional con su mensaje a la nación. Para justificar su abierto atropello de la ley, el presidente recurre a una excepción prevista para “campañas de información… relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección en casos de emergencia.” Sin embargo, el discurso de Calderón de ninguna manera puede ser considerado parte de una “campaña de información” y tampoco fue una alocución “necesaria” para atender la emergencia sanitaria.
La aparición de Calderón en la televisión fue un vil acto de propaganda gubernamental diseñado para apuntalar políticamente al partido en el poder. Todo el discurso estuvo aderezado de afirmaciones como las siguientes: “hemos actuado firmemente”, “hemos hecho lo correcto”, “tomamos las medidas correctas” o “nuestra estrategia está funcionando bien”. Estas formulaciones repetidas ad nauseum no tienen nada que ver con una campaña de información necesaria para atender la crisis sanitaria y caben perfectamente dentro de la definición de “propaganda” que nos ofrece el Diccionario de la Real Academia Española: “Acción o efecto de dar a conocer algo con el fin de atraer adeptos o compradores”.
Es muy extraño que ningún partido político se haya atrevido a denunciar esta evidente ilegalidad. Pero lo que resulta aún más extraño es el total silencio del IFE en esta materia. Eso sí, los consejeros electorales ya se frotan las manos frente a la oportunidad de sancionar a Andrés Manuel López Obrador por la supuesta violación a las medidas sanitarias en una reunión de apenas 500 personas realizada recientemente en Tabasco. Pero ante la obvia y pública violación a la propia Constitución por parte de Calderón, los guardianes de la legalidad electoral guardan un silencio vergonzoso.
En general, ante la crisis sanitaria el IFE ha abdicado de su responsabilidad como máxima autoridad administrativa en materia electoral. En lugar de convocar a todos los actores relevantes para analizar las implicaciones de la nueva coyuntura política y el desarrollo de las próximas elecciones federales, la autoridad electoral se ha convertido en simple correa de transmisión para las decisiones tomadas en Los Pinos y Bucareli.
Tal y como ocurrió con la negociación de las multas por el desacato de Televisa y TV Azteca, una vez más el consejero presidente, Leonardo Valdés, acudió a la Secretaría de Gobernación para recibir instrucciones. En lugar de citar a Fernando Gómez Montt, José Córdova Villalobos y los partidos políticos en las instalaciones del IFE, Valdés aceptó ser un invitado más en Bucareli para conversar sobre la posibilidad de modificar la fecha de la elección. Así mismo, el IFE aceptó sin comentario alguno la imposición unilateral de parte de la Secretaría de Salud de unos Lineamientos sanitarios para los períodos de campañas electorales y capacitación que son imposibles de implementar y además introducen fuertes desequilibrios en la contienda electoral.
También vale la pena recordar que el secretario de Salud no tiene facultad alguna para regular las campañas electorales. Aun aceptando sin conceder la legalidad del decreto del 24 de abril que supuestamente lo habilita con poderes extraordinarios casi dictatoriales, ningún decreto presidencial puede colocarse por encima del texto constitucional que señala sin titubeos que el IFE en la única autoridad administrativa responsable en materia electoral.
Urge que el IFE ponga un alto a la utilización política de la crisis sanitaria. La autoridad electoral debería prohibir tajantemente cualquier manejo personalizado de las acciones estatales en la materia, así como asegurar que los anuncios, mensajes y conferencias de prensa tengan un carácter plural que representa la diversidad de las expresiones políticas del país. Los consejeros también deberían investigar las violaciones ya cometidas así, como defender su autonomía ante las imposiciones del gobierno federal. De lo contrario, podríamos encontrarnos de nueva cuenta ante una elección de Estado con consecuencias nefastas para el futuro de la convivencia democrática en el país.
P.D. La Suprema Corte de Justicia de la Nación una vez más se ha negado a revisar la solicitud de acceso a las boletas electorales de 2006. Sin embargo, sigue pendiente la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
También falta que el Tribunal Electoral vuelva a revisar el caso, ahora a la luz de las reformas constitucionales al artículo 60 en materia de transparencia y al artículo 99 con respecto a las facultades de interpretación del tribunal. Todo ciudadano que siga preocupado por conocer la verdad histórica debería dar una muestra de su interés y desde hoy someter al IFE nuevas solicitudes de acceso a la documentación electoral.
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