JESUSA CERVANTES
Semanario de análisis Proceso
26-julio-2009
El diputado federal electo César Nava, candidato oficial a dirigir el Partido Acción Nacional, compartió la cuestionada trayectoria de Felipe Calderón en el sector energético. Como consta en la relación de contratos que se asignaron cuando él encabezó las áreas jurídicas de Pemex y de la Secretaría de Energía, Nava favoreció a bufetes y litigantes afines a la élite panista a fin de que realizaran trabajos que le correspondía hacer al área que él mismo encabezaba. Desde los altos cargos que tuvo en el sector energético, César Nava Vázquez, quien ahora pretende reencauzar al panismo nacional, autorizó adjudicaciones directas de contratos y facilitó asignaciones por invitación restringida a despachos de abogados simpatizantes del PAN o bien a proveedores ligados a Vicente Fox y a Felipe Calderón, como Transportes Especializados Ivancar, propiedad de la familia del que fuera secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño.
Así lo muestra una serie de documentos –de los cuales Proceso tiene copia–, entre ellos 26 contratos asignados por Nava a diversos despachos, primero cuando fungió como abogado general de Petróleos Mexicanos (Pemex) de octubre de 2001 al mismo mes de 2003, y después cuando encabezó la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Energía (Sener) de octubre de 2003 a mayo de 2005, cuando el titular de la dependencia era Felipe Calderón.
Esos 26 contratos autorizados por Nava ascendieron en conjunto a 249 millones 318 mil 919 pesos y ninguno se sujetó al procedimiento de licitación pública, es decir, los entregó de manera directa o invitando a tan sólo tres concursantes.
Para ello Nava se respaldó en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que en su capítulo tercero, "De las excepciones de la licitación pública", artículo 41, párrafo I, permite asignar contratos de manera directa cuando "existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes, debidamente justificados".
En siete de esos casos Nava se respaldó en la fracción X del mismo artículo, la cual indica que cuando se trate de servicios de consultorías, asesorías, estudios, investigaciones o capacitación, se puede realizar la licitación con invitación a tres proveedores, entre los que deberá incluirse a instituciones educativas.
Sin embargo, quienes finalmente se quedaron con estos contratos y cobraron sumas millonarias por ellos no tienen nada que ver con centros de estudio, sino con despachos de abogados cercanos al PAN.
Estos juicios, encargados a bufetes privados, los debió enfrentar orgánicamente el equipo de Nava, primero como abogado general de Pemex y luego como titular del área jurídica de la Sener, donde conservaba la obligación de supervisar todos los contratos del sector.
La función del panista era lograr que Pemex (y en su momento la Sener) contaran "con seguridad y certeza jurídica en sus operaciones", como él mismo lo estableció en su Plan estratégico de la función jurídica 2002-2006, que dio a conocer el 12 de diciembre de 2002, cuando era abogado general de la paraestatal.
El hecho de que en ambos cargos Nava haya transferido sus obligaciones y responsabilidades a la iniciativa privada tuvo un costo adicional de casi 250 millones de pesos para el erario federal.
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