Ana Lilia Pérez
Revista quincenal "Contra Línea"
1a quincena agosto de 2006
Para ocultar los expedientes relacionados con la naviera Oceanografía -que evidencian la complicidad y responsabilidad de funcionarios de Pemex en irregularidades para privilegiar, por encima de la Ley, a la empresa para la cual operaron los hijos y un hermano de Marta Sahagún-, el director general de Pemex, Luis Ramírez Corzo, ordenó archivarlos por un periodo de 10 años y despidió a los abogados que conocían los movimientos internos que se hicieron desde la oficina del abogado general de la paraestatal.
Ante un grupo de diputados federales, en diciembre de 2005 Ramírez Corzo juró que nunca había tenido relación alguna con la naviera Oceanografía ni con los hijos y el hermano de Marta Sahagún, y que tampoco recibió presiones de la familia presidencial para beneficiar a la empresa.
Pero un grueso expediente en poder de Contralínea comprueba que el afán de Ramírez Corzo por blindar la documentación radica en que la subsidiaria que él dirigía antes de ser nombrado director general, Pemex Exploración y Producción (PEP), otorgó millonarios contratos por adjudicación directa cuando Oceanografía debía ser inhabilitada por incumplimientos, además de que el abogado de la naviera argumentó ante tribunales que la empresa no tenía solvencia económica.
El expediente revela que aunque los representantes de la naviera se declararon en insolvencia económica, en el mismo periodo que actuaron como gestores Manuel y Jorge Bribiesca y Guillermo Sahagún, el entonces director de PEP, Luis Ramírez Corzo, adjudicó de manera directa contratos por más de mil millones de pesos, es decir, violó las leyes de Obra Pública y de Responsabilidades.
Movimientos clave se registraron en la oficina del abogado general de Pemex, entonces encabezada por César Nava Vázquez, hoy secretario ejecutivo adjunto del PAN y coordinador de campaña de Felipe Calderón Hinojosa.
Durante el periodo que César Nava ocupó la Dirección Jurídica de Pemex (octubre de 2001 a diciembre de 2003), y pese a que por la falta de solvencia técnica y económica la naviera Oceanografía no podía cumplir con los contratos que le asignó ilegalmente Ramírez Corzo, Nava ordenó a sus subordinados, contrario a los intereses de Pemex, presentar de forma tardía tanto los procesos de rescisión de los contratos como la respuesta a las demandas de Oceanografía contra Pemex.
Al mismo tiempo, el despacho de abogados del senador Diego Fernández de Cevallos y del ex procurador general de la República, Antonio Lozano Gracia, defendieron a la naviera contra Pemex en tribunales de Ciudad del Carmen y del Distrito Federal.
La historia
La falta de solvencia de Oceanografía hace inexplicable que durante el sexenio foxista, la subsidiaria PEP le haya otorgado contratos por unos 9 mil millones de pesos. De acuerdo con la escritura pública número 443, fechada en diciembre de 1999, la naviera tenía un capital social de apenas 920 mil pesos, y sus apoderados legales eran Emilio García de Luna, Roberto Keoseyan Arakelian y Carlos Demetrio Olivas Cruz.
La participación de Roberto Keoseyan enturbia más las relaciones de conflicto de intereses y tráfico de influencias de la naviera en Pemex, porque hasta 1994 Keoseyan se desempeñó como jefe de la Unidad de Suministros y Fletamiento de Pemex Refinación, pero luego, a unas semanas de la liberación del empresario Alfredo Harp Helú, fue detenido en el Aeropuerto de la Ciudad de México con 55 mil dólares que la PGR había marcado para ubicar el destino del pago del rescate del banquero.
Menos de una semana estuvo Keoseyan en la cárcel, los trabajadores de la Contraloría recuerdan que para cerrar el caso sin mayor escándalo se les indicó abrir un expediente para que fuera inhabilitado como funcionario público y así librar la prisión.
Aunque Keoseyan nunca regresó a Pemex como funcionario, siguió operando como intermediario entre los directores de las subsidiarias Pemex Refinación y Pemex Exploración y Producción y empresarios navieros, a través de su empresa RK Consultores, en donde asesora a contratistas de Pemex para que puedan ganar licitaciones.
Con Keoseyan como apoderado de Oceanografía la participación de Manuel y Jorge Bribiesca y Guillermo Sahagún fue determinante para que mediantes presiones directas y llamadas telefónicas a Muñoz Leos y a Ramírez Corzo, en las cuales también participó Marta Sahagún por medio de Eduardo Rosas Monroy (secretario de Muñoz Leos), Ramírez Corzo asignara los contratos a la naviera.
Oceanografía operaba como empresa de portafolios, pues los barcos que alquilaba a Pemex no eran suyos sino de la norteamericana Diamond Services Corp, y solamente contrataba personal cuando le asignaban el contrato.
Algunos contratistas de Pemex se interesaron también por estrechar sus vínculos con los Bribiesca y les ayudaron en su trabajo a favor de la naviera, uno de ellos es Juan de Dios Saint Martín Zepeda, quien gestionó reuniones entre Manuel y Jorge Bribiesca con Carlos Rasso Zamora (primo político de Juan de Dios), subdirector de Perforación y Mantenimiento de Pozos de PEP, para que le otorgara a Oceanografía contratos por adjudicación directa.
El operador de Ramírez Corzo
Carlos Rasso Zamora es un funcionario contra quien a lo largo del sexenio se presentaron numerosas denuncias ante los órganos internos de control de Pemex (Contralínea 58), fue acusado de actos de corrupción, pero se mantuvo protegido por Luis Ramírez Corzo hasta diciembre de 2004, cuando éste asumió la Dirección General de la paraestatal y le permitió su jubilación al congelar las indagatorias que los contralores internos mantenían en su contra.
La liga entre Rasso Zamora y Ramírez Corzo data desde los años en que el primero le otorgó diversos contratos -impugnados también por la Contraloría- cuando Ramírez Corzo era director de la empresa Solar Turbines, (subsidiaria de Caterpillar Inc., que vende a Pemex generadores y maquinaria pesada). También aprobó contratos para la empresa Modulcar, arrendadora de inmuebles a Pemex, de la cual Ramírez Corzo es el principal accionista.
Desde su oficina en el octavo piso del edificio pirámide, en Villahermosa, Tabasco, a partir de 2002 Rasso Zamora entró en el negocio de gestoría de los Bribiesca a favor de Oceanografía, cuando en marzo de ese año diseñó las bases de una convocatoria para el alquiler de dos barcos que se adjudicarían a la naviera por dos años.
En marzo PEP hizo pública la licitación 18575088-005-02 para el alquiler de cuatro embarcaciones “para apoyo en las diversas actividades de perforación, mantenimiento y terminación de pozos en la División Marina”.
El presupuesto para cubrir este contrato, por más de 100 millones de pesos, saldría de Pidiregas Cantarell y de recursos propios de PEP.
Para el 12 de abril de 2002 se daba a conocer el fallo que hacía a Oceanografía beneficiaria de la licitación (en la que participaron ocho empresas) por el alquiler de los barcos Paula Kay por 59 millones de pesos, y del Kristin Grace (ambos barcos propiedad de la Diamond) por 63 millones de pesos.
La licitación fue hecha para que Oceanografía ganara. Un mes antes de que se diera a conocer el fallo (que se determinaría el 15 de abril de 2002), ya había correspondencia interna entre funcionarios de PEP y los representantes de Oceanografía, en la que se hablaba de la carta de compromiso que la empresa entregaría cuando se firmaran los contratos que avalaran sus “fuentes de financiamiento”.
La carta, redactada por Jaime López Zermeño como representante de Oceanografía, fue dirigida al subordinado de Carlos Rasso, Carlos Becerra Schulz, subgerente de Recursos Materiales de Perforación y Mantenimiento de Pozos, el 15 de marzo de 2002.
El alquiler de las naves costó a PEP 190 mil pesos diarios durante 945 días. Ambos contratos se formalizaron entre Rasso Zamora, como representante de PEP, y Jaime López Zermeño, apoderado de Oceanografía, el 2 de mayo de 2002.
Los incumplimientos
El expediente interno de la Gerencia de Perforación y Mantenimiento de Pozos de PEP acumula un grueso legajo de certificados “Fuera de Contrato” de los barcos Paula Kay y el Kristin Grace. El primero entró en operaciones el 27 de junio de 2002 y no el 1 de junio, de 2002, y el Kristin Grace inició el 3 de junio y no el 1 de junio, como obligaba el contrato. Luego los barcos frecuentemente eran sacados de servicio por las deficientes condiciones de seguridad y falta de combustible.
Las bitácoras firmadas por el supervisor de PEP, Jorge Peláez Ramos y Hermilo Escobedo Obrador, representante de Oceanografía, certifican incumplimientos y violaciones al contrato, pues los barcos eran chatarra, es decir, presentaban descomposturas en la máquina propulsora, no tenían aire acondicionado, el radar de babor estaba averiado, el panel de alarmas contra incendio no funcionaba, los generadores de estribor también estaban descompuestos, la “caballería” era prácticamente inservible y presentaba pérdida constante de velocidad, lo cual obstaculizaba el traslado de pasajeros y de la materia prima en las operaciones.
Además, en diversas ocasiones la naviera también presentó documentos apócrifos para amparar supuestos pagos portuarios, incluso falsificó nombres y firmas de funcionarios de puertos.
Aunque todas estas bitácoras fueron notificadas en su momento a las altas autoridades de PEP, y de que los supervisores de esta dependencia solicitaron a Ramírez Corzo y a Rasso Zamora rescindirle el contrato, se dejó correr durante 16 meses.
Fue hasta noviembre de 2003 cuando la Unidad de Perforación y Mantenimiento de Pozos notificó a Amado Yáñez Osuna de la rescisión del contrato del Kristin Grace por incumplimientos de la naviera. PEP rescindió el contrato 411002818 (del Paula Kay) el 28 de noviembre de 2003 y el contrato 411002819 (del Kristin Grace) el 30 de diciembre de 2003.
El Kristin Grace estuvo fuera de servicio constantemente entre el 1 de junio de 2002 y el 12 de octubre de 2003, y tuvo un atraso acumulado cuantificado en casi 7 millones y rebasó el monto de la fianza del contrato, así que PEP debía hacer válida la fianza ante Afianzadora Insurgentes, sin embargo Amado Yánez se amparó contra el cobro de la fianza.
El 9 de diciembre de 2003 Yánez Osuna remitió un oficio al subdirector de la Unidad de Perforación de Mantenimiento de Pozos de PEP en Villahermosa, Pedro Javier Caudillo Márquez, en la que se oponía a la rescisión del contrato del Kristin Grace, al argumentar que las condiciones del barco fueron causadas por la paraestatal por atrasos en los pagos.
El 30 de enero de 2004, por medio de su apoderado Carlos Demetrio Olivas Cruz, Yánez Osuna demandó a PEP y a la Afianzadora Insurgentes para que no se hiciera efectiva la fianza que ascendía al 10 por ciento del monto total del contrato. La denuncia quedó radicada en el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal (expediente 1/2004), y más tarde fue rechazada por la juez bajo el argumento de que estaba mal planteada, por lo cual fue radicada en el Juzgado Primero de Distrito.
Ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, Yánez Osuna tramitó una denuncia contra PEP por el inicio de rescisión de los contratos 4110028180 y 4110028190.
El procedimiento fue interpuesto por Carlos Demetrio Olivas Cruz, apoderado de la empresa. En la denuncia Carlos Olivas asegura que Oceanografía tenía “graves problemas de flujo de efectivo y carencias de liquidez”. De esta manera intentaba justificar los atrasos de la empresa en los servicios prestados a PEP.
El argumento más fuerte que presentó Olivas Cruz contra los abogados de Pemex -dirigidos por César Nava, yerno de la senadora Cecilia Romero-, es que éstos iniciaron el procedimiento de rescisión del contrato cuando ya se había agotado el tiempo legal para que tuviera efecto.
Los abogados de Pemex confirman en entrevista que la defensa contra Oceanografía fue diseñada para que Pemex perdiera el caso aunque a largo plazo, para que, mientras, la naviera pudiera seguir obteniendo contratos a pesar de las irregularidades.
La mano de Ramírez Corzo
Amado Yánez Osuna llegó a decir que su empresa no tenía ni para el combustible de los barcos, ni para afrontar supuestos atrasos en el factoraje por parte de PEP, entre 2003 y 2005 Ramírez Corzo y Carlos Morales Gil, directores de la subsidiaria, le asignaron 13 contratos, 12 por adjudicación directa y uno por licitación pública por mil 100 millones de pesos con vencimiento al 2010.
La esencia de las demandas de Oceanografía contra PEP, defendidas por Fernández de Cevallos y Lozano Gracia, no eran precisamente por perder los 100 millones de pesos por el alquiler de los barcos Paula Kay y Cristin Grace, sino porque ante la rescisión de los dos contratos la Secretaría de la Función Pública estaba obligada a inhabilitar a la empresa, lo que de facto anulaba todos los contratos transexenales que entre 2004 y 2005 le otorgaron Ramírez Corzo y Carlos Morales.
El expediente que Ramírez Corzo ordenó reservar por 10 años incluye una resolución de Silvia Cerón Fernández, jueza Primero de Distrito en Materia Administrativa, quien resolvió que desde el momento en que PEP inició la rescisión del segundo contrato, el 30 de diciembre de 2003, Pemex, en cumplimiento a la Ley de Adquisiciones, estaba obligada a “no celebrar más contratos con Oceanografía” por un plazo mínimo de dos años.
La resolución de la juez evidencia los malos manejos de Luis Ramírez Corzo y Carlos Morales en PEP, porque la Ley de Obra Pública prohibe aceptar la sola participación de la empresa por los antecedentes de insolvencia económica manifestados por Yánez Osuna y su apoderado legal.
Pese al jugoso capital que ilegalmente le inyectaron funcionarios de Pemex, la naviera siguió operando con irregularidades. De los contratos que le dio por adjudicación directa Ramírez Corzo, en diciembre de 2004, PEP rescindía el contrato 418233885 del alquiler del barco Seba’an por 6.5 millones de dólares.
Las manos sucias de Nava
En diciembre de 2003 un grupo de abogados de la oficina del abogado general de Pemex elaboró una evaluación de las violaciones jurídicas a los contratos de Oceanografía, en la que cuantificaban incumplimientos de la naviera en las pérdidas causadas a Pemex y en la que argumentaban que PEP no podía celebrar contrato alguno con la empresa.
Uno de los últimos movimientos de César Nava en Pemex, antes de irse a operar la campaña de “manos limpias” de Felipe Calderón, fue clasificar las pruebas documentales y oficios internos entre abogados y funcionarios de Pemex y Oceanografía, para ordenar su reserva por 10 años y tratar de cubrir con ello la corrupción y el tráfico de influencias.
Nava dejó el cargo a Néstor García -su mano derecha en la OAG- para irse como titular del área jurídica de la Secretaría de Energía con Felipe Calderón. Néstor García ordenó a los abogados de la Coordinación de Servicios Marinos enviar el expediente relacionado con la rescisión de los contratos de la naviera para que procediera el “cierre administrativo” del asunto.
El 13 de diciembre de 2004 PEP envió al abogado Iván Enrique Hernández el expediente “reservado”, “así como los documentos donde se consignó el inicio del procedimiento de rescisión y el escrito de pruebas y alegatos presentados por la actora”, y las copias certificadas de los fallos de las licitaciones asignadas a Oceanografía.
“No omito manifestarle que el área operativa se quedará sin documentación soporte”, refiere José Daniel Ballote López, entonces jefe de la Unidad de Control de Gestión de Servicios Marinos de PEP.
Meses después, a siete de los abogados que tuvieron participación en la defensa contra la naviera, se les pidió su “retiro voluntario”.
Durante los siguientes meses los abogados de la naviera denunciaron a PEP por la rescisión de los contratos para justificar que funcionarios de Pemex le asignaran nuevos contratos, garantizando su entrada al nuevo sexenio como contratista de Pemex.
Para mayo de 2005, de acuerdo con el documento interno del abogado general de Pemex (oficio OAG /GJC /JPLS /439 /2005) -signado por Guillermo Pérez de León Saldaña, gerente jurídico de lo Contencioso de la OAG de Pemex-, se le informó a Jaime López Zermeño, apoderado de Oceanografía, que Pemex estaba imposibilitado para recibir propuestas de licitaciones de la naviera, pues los contratos 411002819 y 418233885 habían sido rescindidos.
Pero en diciembre de 2005, cuando la Comisión Especial de la Cámara de Diputados solicitó a Ramírez Corzo la documentación relacionada con Oceanografía, Pemex levantó la rescisión a la naviera por el contrato 411002819.
Así, quedó comprobada la inhabilitación de un solo contrato para limpiar el expediente de la empresa y justificar los contratos que entre 2004 y 2005 le otorgó PEP, según un documento interno “urgente” firmado por Alejandro Márquez, abogado de la Coordinación Fiscal de Pemex, dirigido a Iván Enrique Hernández, el abogado que en representación de Pemex llevó las denuncias contra la naviera.
El expediente blindado por Ramírez Corzo revela, además, que durante el 2004 benefició a Oceanografía con incrementos en los montos originales de algunos contratos y mediante convenios modificatorios de los montos originales.
El 4 de febrero de 2004 autorizó un incremento de 140 mil dólares al contrato número 412601801. El 24 de marzo, un aumento de 127 mil dólares al contrato 412601801. El 17 de junio, un millón de dólares al contrato 418812800. El 18 de junio adicionó 8 millones de pesos al contrato 412003808. Y el 26 de julio, 2 millones 300 mil pesos al contrato 412002869.
Hasta el cierre de esta edición se esperó respuesta a la petición de entrevista con el director general de Pemex, Luis Ramírez Corzo, para que explicara las razones por las cuales mandó a reserva los documentos de la naviera, y los motivos que tuvo para negar ante un grupo de diputados federales las presiones a las que estuvo sujeto por el tráfico de influencias de los hijos de Marta Sahagún, pero el área de prensa de la paraestatal ha preferido callar.
Las “chicanadas” de Lozano Gracia
Los abogados de Pemex definen como “una chicanada” el trabajo de los abogados del bufete del ex procurador Antonio Lozano Gracia que interpusieron amparos contra Pemex a favor de Oceanografía para evitar su inhabilitación. El verdadero negocio de la naviera en el sexenio foxista fue precisamente durante el periodo en el que, de haberse aplicado la ley, la empresa estaría inhabilitada.
Los abogados y ex abogados de la paraestatal que tuvieron participación en el litigio de Oceanografía confirman que recibieron la “instrucción” verbal del entonces secretario particular del director general de Pemex, Raúl Muñoz Leos, de iniciar fuera de tiempo la rescisión de los contratos para que luego los abogados de Lozano Gracia hicieran su parte.
El abogado Carlos Demetrio Olivas, representante de Oceanografía, mantiene su oficina en un sobrio edificio fuertemente custodiado por elementos de seguridad y está vigilado por 12 cámaras que monitorean el inmueble ubicado en el número 1824 de Avenida de los Insurgentes, en el Distrito Federal.
Ni Carlos Olivas, ni Sergio Linares, del despacho del ex procurador, defensor y apoderados de Oceanografía en sus demandas, aceptaron la entrevista.
Son los abogados de Pemex quienes explican las ilegalidades de Ramírez Corzo en este asunto sobre las argumentaciones que él mismo hizo ante el Congreso de la Unión en la comparecencia de noviembre de 2005.
“Por las rescisiones acumuladas por Oceanografía, PEP debía abstenerse de recibir propuestas de la empresa, el impedimento era para PEP, así que es irrelevante si la empresa presentaba propuestas supuestamente más bajas. Al otorgar los contratos PEP violó el ordenamiento durante sus procesos de contratación de diciembre de 2003 y diciembre de 2005”.
Destacan también la complicidad de los órganos internos de control con los funcionarios de PEP al no promover la inhabilitación de la empresa que debía imponer la Secretaría de la Función Pública.
La evaluación de los abogados de Pemex, en un análisis jurídico de la asignación de los contratos que se dieron a la empresa entre diciembre de 2003 a diciembre de 2005, es que los contratos deben declararse nulos por haberse formalizado en contravención a la Ley de Obra Pública y que actualmente es responsabilidad de Néstor García, en su calidad de abogado de la paraestatal, promover su nulidad ante los tribunales federales.
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