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El México que veía Colosio, ¿con Felipe Calderón ha cambiado?



El Blog (no oficial) de Carmen Aristegui

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A la sombra de los Gómez del Campo

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Reporte de ultima hora

19/08/09

Medina Mora y García Luna, la ola delictiva


JENARO VILLAMIL



MEXICO, D.F., 18 de agosto (apro).- Ciertas o no, las versiones que dan como un hecho la salida de Eduardo Medina Mora al frente de la Procuraduría General de la República (PGR), las declaraciones del abogado de la nación, quien el pasado lunes 17 afirmó que, en materia de seguridad pública, estamos mejor que hace 15 años, resultaron una muestra más de ineficacia, insensibilidad y poco tacto.


Lo dijo justo en la peor jornada de asesinatos ocurridos este año. Tan sólo el mismo lunes 17 de agosto se registraron 57 muertos en ocho entidades. En Durango, fueron ejecutadas 10 personas; en Ciudad Juárez, un bar fue el escenario de una terrible masacre (ocho muertos); en esa misma ciudad, cerca de 20 soldados ingresaron, sin orden judicial, al domicilio del exdirigente nacional del PAN, Manuel Espino; en Monterrey, la televisión local transmitió en vivo el tiroteo durante dos horas entre presuntos integrantes del cártel del Golfo y militares en la colonia Los Laureles, y en el estado de México, tras el asesinato del presunto jefe de La Familia, se prevé una ola de ejecuciones que se sumarán a los 218 asesinados en este año.


Por si fuera poco, el rector de la UNAM, José Narro Robles, afirmó que la inestabilidad financiera y el shock pronosticado para 2010 por el secretario de Hacienda, Agustín Cartens (el mismo que antes nos quiso tranquilizar con la metáfora del "catarrito") es un caldo de cultivo para que la crisis se transforme en un estallido social.


Ante este panorama, el procurador Medina Mora ya no tuvo ni a Televisa para salvarlo. Su afirmación en el foro de la Asociación Nacional de la Publicidad resultó una gracejada digna del peor spot del sexenio. Amparándose en cifras que sólo él puede acreditar, Medina Mora afirmó que los niveles de violencia que se viven en México son mucho menores que hace 15 años e inferiores a las que se registran en Colombia, Brasil y algunas ciudades de Estados Unidos.


"Hace 15 años –afirmó Medina Mora--, el índice de homicidios intencionales era de 18, y el año pasado tuvimos 10.7 homicidios intencionales por cada 100 mil habitantes".


Este mismo índice, abundó el exdirector del CISEN, es de 33 homicidios por 100 mil habitantes en Colombia, 40 en Brasil y en el distrito de Columbia, Estados Unidos, llegó a 30.


¿A quién quería convencer con esos comparativos? ¿De qué "intencionalidad" está hablando Medina Mora en los homicidios cuando las calles de las principales ciudades del país se han convertido en escenario de batalla de los cárteles, los militares y las policías?


Para nadie es un secreto que la labor para desbancar de la PGR a Medina Mora es una obsesión de Genaro García Luna, el "policía del sexenio", según sus aduladores. Hábil para hacer superproducciones televisivas e imponer en la agenda informativa sus detenciones y su peculiar guerra sucia contra quienes no entren en su red de intereses, García Luna ha logrado borrar a Medina Mora, pero no por su eficacia, sino por su temible acción intimidatoria.


Si Medina Mora es relevado de la PGR quizá le cumplan en Televisa la promesa de volverlo uno de los vicepresidentes del consorcio televisivo, pero el problema no es ese. Tener una PGR desmantelada, enfrentada con las procuradurías estatales y capitalinas y con el Ejército, ha generado un auténtico Frankenstein: la SSP de García Luna.


¿Quién para ahora los excesos y las intimidaciones de García Luna? Peor si el diagnóstico se reduce a criminalizar y a transformar a los militares en policías y a los policías a su cargo en fuerzas casi paramilitares, al estilo colombiano.


El demagogo al desnudo


ÁLVARO DELGADO



MÉXICO, D.F., 17 de agosto (apro).- Cuando no se ha cumplido ni la mitad del sexenio, y a dos semanas del tercer Informe de Gobierno, es fácil entender por qué Felipe Calderón ordenó borrar todo vestigio de sus promesas de campaña: En un país ensangrentado, económicamente en quiebra y roto socialmente, en el desfiladero, no hay un solo dato del que pueda ufanarse.


Ni siquiera Vicente Fox, que fue una nulidad y sigue siendo un fardo presupuestal para el país con su sueldo vitalicio, hizo lo que Calderón: Mandar cancelar la página de internet de su campaña y disponer que en la del Partido Acción Nacional (PAN) desapareciera todo discurso comprometedor.


Todo para evitar el escrutinio de sus ofertas y el cotejo entre lo que ofreció y la atroz realidad. El objetivo era muy claro: Apostarle a la amnesia de los ciudadanos. Porque, al cabo de casi la mitad de su gestión, no le queda ni vergüenza.


"Felipe Calderón es el candidato de las propuestas y será el presidente de las soluciones", anunciaba la propaganda en el inicio de la etapa "de contraste" contra Andrés Manuel López Obrador, en marzo de 2006, que en realidad significó el inicio de la miserable campaña de envenenamiento social.


Decía Calderón, el 6 de marzo, en el hotel María Isabel Sheraton, de la Ciudad de México, sobre el relanzamiento de su campaña: "(será) una etapa precisamente entre la propuesta de futuro, un futuro con crecimiento y empleo que representa Acción Nacional, con la propuesta de pasado económico, de endeudamiento, de devaluación, de crisis económicas, que representa López Obrador".


Si ya lo había hecho desde enero, al inicio formal de la campaña, Calderón desplegó a plenitud la demagogia, es decir, halagó las aspiraciones de un sector de la sociedad y explotó también los prejuicios de otro para presentarse como el candidato del futuro, particularmente en el crecimiento económico y la generación de empleo.


Cualquier ciudadano con sentido común y medianamente informado, incluidos quienes son panistas o simpatizantes, concluye que Calderón es, sencillamente, un fracaso. Las propias cifras oficiales --desprovistas de cualquier tendencia o mala fe-- acreditan tan miserable realidad.


Vaya, hasta el propio Calderón podría deponer su arrogancia y sonrojarse ante lo que escribió en su libro El hijo desobediente, de 2006, y lo que ha sido su gestión. Aquí un fragmento:


"Imaginemos ahora el 2012. En mi último informe de gobierno hago un balance de seis años muy intensos. Hay, desde luego, enormes desafíos y retos por enfrentar, pero también evidentes logros que se pueden constatar. Resumo los principales. Cuando asumí la presidencia de la República había unos 50 millones de pobres y 22 millones en pobreza extrema. Hoy hay 35 millones de pobres y 10 millones en pobreza extrema".


"Se ha librado una batalla frontal contra la inseguridad; se ha depurado el Ministerio Público y las policías federales, y hemos encontrado colaboración en algunos estados para depurar los cuerpos policíacos locales; tenemos una policía integrada por elementos de reconocida solvencia moral, que son respetados en sus comunidades y cuyo desempeño vigilan cotidianamente los ciudadanos; ganan un salario digno, son profesionales y saben que van a tener también un reconocimiento digno; por ello hemos bajado los índices de delincuencia considerablemente".


"México es un país de leyes, un país de plena certidumbre, no sólo en los niveles de convivencia sino en la vida económica. El flujo de inversión ha permitido que los últimos tres años hayan sido los de mayor crecimiento económico en la historia contemporánea del país. Por ello se ha cumplido la meta de crear un millón anual de empleos… "


"México está mejor que antes en términos de varios indicadores. En 2006 México tenía el lugar 79 en el Foro Económico Mundial de Davos en términos de credibilidad, legalidad, estado de derecho, independencia de los jueces, seguridad pública; hoy ocupa el lugar 35. Falta mucho por hacer, pero evidentemente los pasos que hemos dado nos consolidan como una nación segura para vivir y para invertir, y eso nos ha ayudado a mejorar las condiciones de vida…"


Puede decirse que tiene todavía tres años para concretar estas ofertas, pero él mismo sabe que ni siquiera es seguro que las cumpla…


Apuntes


Eso sí, vienen nuevos impuestos para el hartazgo de la opulenta burocracia que ese individuo encabeza…


18/08/09

Magistrados cobran más de lo presupuestado


Érika Ramírez
16-agosto-2009
Revista Contralínea
Los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa cobran más del 20 por ciento de lo estipulado por las autoridades hacendarias. El titular de este órgano autónomo, Francisco Cuevas Godínez, obtiene casi el salario del presidente de la República. Al tiempo, una evaluación de la ASF reprueba que no exista planeación, ejecución ni control de las operaciones en materia de recursos humanos.

Magistrados del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) rebasan por más del 20 por ciento los salarios estipulados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). En los límites de lo que marca el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el Ejercicio Fiscal de 2009, el titular de este órgano autónomo del poder judicial, Francisco Cuevas Godínez, obtiene apenas 10 mil pesos mensuales menos que el presidente de la república.

Además el Informe del resultado de la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública 2007, elaborado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), dictamina que los encargados de dirimir asuntos jurídicos entre particulares y la SHCP, además de las otras secretarías de Estado, incumplieron con principios de transparencia, eficiencia, honradez, calidad, austeridad y racionalidad establecidos en la misión del Manual de organización de la Dirección General de Recursos Humanos.

El TFJFA tampoco definió programas de trabajo para cumplir con el mandato de “mantener y fortalecer el cuerpo profesional y operativo altamente calificado, capacitado y especializado en las tareas y materias bajo su responsabilidad”.

Con un presupuesto en 2007 de 923 millones 533 mil 700 pesos de la hacienda pública, los encargados de impartir justicia registraron menor eficiencia en su trabajo durante los últimos años. “La menor eficiencia registrada en los servidores públicos jurisdiccionales fue resultado de la reducción del número de sentencias emitidas por servidor público, en promedio anual de 13.5 por ciento, al pasar de 107 en 2005 a 80 en 2007.”

Los gastos

Los informes de la ASF y del PEF, así como el portal de transparencia del tribunal, muestran el rebase salarial de los magistrados, además de las prestaciones económicas que perciben cada mes, entre las que se encuentran gastos en alimentación por más de 6 mil pesos y 5 mil pesos más para telefonía celular, asignados para Cuevas Godínez.

Con la venia del presidente de Felipe Calderón, el magistrado presidente –ratificado el 28 de marzo de 2007–, y los 10 magistrados de la Sala Superior concluirán su mandato hasta el 14 de marzo de 2016. En tanto, los 123 magistrados de las salas regionales estarán al frente de su cargo hasta el 14 de marzo de 2013.

En 2007, la ratificación del magistrado presidente motivó la inconformidad de los senadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD), pues de acuerdo con una nota de los reporteros Andrea Becerril y Víctor Ballinas, del periódico La Jornada, a decir de los perredistas, “su único mérito es el ser impulsado por Juan de Dios Castro, con quien trabajó como adjunto en la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República en el sexenio foxista”.

El mismo año de su ratificación al frente del TFJFA, el exfuncionario de la administración foxista comenzó a percibir un salario de 141 mil 500 pesos mensuales. No obstante, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público había autorizado un importe de 131 mil 300 pesos en el mismo periodo, apenas 10 mil 967 pesos menos que la percepción mensual del presidente de la república, que percibe un salario mensual de 152 mil 467 pesos.

Salarios en exceso

De acuerdo con el informe de la ASF, los 10 mil 200 pesos mensuales que percibe el magistrado presidente, por arriba de lo permitido por la entidad hacendaria, significan el gasto de 122 mil 400 pesos anuales del erario. En tanto, los salarios de los 123 magistrados presidentes de las salas regionales, que percibieron 23 mil 700 mil pesos más de lo asignado en el PEF, implican un gasto al erario de 34 millones 981 mil 200 pesos al año.

La ASF muestra que el salario estipulado por la SHCP en 2007 para Cuevas Godínez fue de 131 mil 300 pesos; sin embargo, el importe neto pagado por el TFJFA fue de 141 mil 500 pesos. A los magistrados regionales se les asignaron 102 mil 100 pesos y les fueron remunerados 125 mil 800 pesos, lo que significa un incremento del 23.2 por ciento sin consentimiento.

Los 10 magistrados de la Sala Superior obtuvieron recursos por 20.3 por ciento más de lo permitido por Hacienda; de los 102 mil 100 pesos que se habían fijado, cobraron 122 mil 800. Los 20 mil 700 pesos que exceden el presupuesto significan un gasto al erario de 2 millones 484 mil pesos.

Esta situación se repite en los salarios que perciben mandos medios del tribunal: la secretaria general de acuerdos va de los 87 mil pesos a los 107 mil pesos; el secretario de acuerdos de Sala Superior gana 38 mil 400 pesos, cuando debía obtener 34 mil 400.

Para la plaza de la subsecretaria general de acuerdos, la Secretaría de Hacienda determinó un salario mensual de 50 mil pesos, no obstante, desde 2007 los dos funcionarios en este cargo han percibido 60 mil 200 pesos mensuales cada uno.

Con 371 plazas en el cargo de secretario general de acuerdos de Sala Regional, la hacienda pública tiene un gasto excedente por 2 millones 114 mil 700 pesos mensuales por cada uno de los funcionarios. Ello implica un desembolso anual sin licencia de las autoridades hacendarias de 25 millones 376 mil 400 pesos. Los 100 actuarios del TFJFA también implican un gasto de 3 millones 960 mil pesos anuales, que no están autorizados. Cada uno de ellos percibe 17 mil 600 pesos de los 14 mil 300 estipulados.

Comidas y celulares

Además de las percepciones por arriba de lo presupuestado en la hacienda pública, los funcionarios del orden judicial obtienen beneficios por 4 millones 598 mil 700 pesos. Para el pago de su alimentación, los funcionarios ocupan 4 millones 277 mil 100 pesos, mientras que en las tarifas de telefonía celular les son asignados 321 mil 600 pesos, durante todo el año fiscal.

Tan sólo el magistrado presidente, Francisco Cuevas Godínez, tiene asignados 74 mil 100 pesos al año para el pago de su alimentación. Obtiene del presupuesto público 6 mil 175 pesos mensuales, el equivalente a 112 salarios mínimos, y los 5 mil pesos asignados para que llame por celular significan otros 91 salarios mínimos.

El consumo de alimentos para los magistrados de la Sala Superior es retribuido con 3 mil 800 pesos al mes; los magistrados de la Sala Regional, 2 mil 500 pesos; la secretaria general de acuerdos, 2 mil 375 pesos, y bajo el cargo de oficial mayor se perciben 2 mil 375 pesos.

Para las llamadas de celular, los magistrados de Sala Superior tienen asignados 1 mil 850 pesos al mes; la secretaria general de acuerdos, 1 mil 650 pesos, y la oficial mayor, 1 mil 650 pesos.

De acuerdo con la ASF, “la Dirección General de Recursos Humanos y su Dirección de Desarrollo de Personal no implementaron un sistema para determinar las plazas vacantes de acuerdo con el puesto; el profesiograma por plaza jurisdiccional no se aplicó en el ingreso de los servidores públicos jurisdiccionales al no estar autorizado; no expidieron ni aplicaron criterios para el ingreso; tampoco elaboraron el informe y el programa anual de actividades de reclutamiento y selección de personal; y no definieron las normas y procedimientos para cubrir las plazas vacantes que se generaron durante ese año, por lo que incumplieron lo establecido en el apartado “Funciones de las áreas” del Manual de organización de la Dirección General de Recursos Humanos”.

Dictamen de la ASF

Según el Informe del resultado de la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública 2007, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa “no cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la planeación, ejecución y control de las operaciones en materia de recursos humanos al no haber emitido las bases de la carrera jurisdiccional, así como las políticas, las normas y los procedimientos para llevar a cabo los procesos de ingreso (reclutamiento, selección y contratación), evaluación del desempeño, promoción, ubicación y reubicación de los servidores públicos jurisdiccionales, con base en los principios de transparencia, eficiencia, honradez, calidad, austeridad y racionalidad establecidos en la misión del Manual de organización de la Dirección General de Recursos Humanos.

Con el oficio 10. III-A-739 del 22 de septiembre de 2008, el Instituto de Estudios sobre Justicia Administrativa del TFJFA señaló que el Pleno del Tribunal no había emitido las bases de la carrera jurisdiccional que se señalan en la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, pero que se elaboró el Anteproyecto de Estatuto de Carrera Jurisdiccional, del cual el máximo órgano de fiscalización dice que “no se incluyeron lineamientos o políticas relacionadas con la estructura y catálogo de puestos, el proceso de promoción y la capacitación y formación profesional ni se especificaron las condiciones de separación de los servidores públicos jurisdiccionales”.

La auditoría también constató que en 2007 la Dirección General de Recursos Humanos del TFJFA no definió ni aplicó indicadores o parámetros para medir los criterios de transparencia, eficiencia, honradez, calidad, austeridad y racionalidad señalados en la misión establecida en su Manual de organización, a fin de evaluar su desempeño.

“La menor eficiencia registrada en los servidores públicos jurisdiccionales fue resultado de la reducción del número de sentencias emitidas por servidor público, en promedio anual de 13.5 por ciento, al pasar de 107 en 2005 a 80 en 2007. Con el análisis realizado se demostró que los trabajos se orientaron a reducir los trámites de procedimientos y de sentencias acumuladas de otros años, por lo que el número de resoluciones aumentó anualmente 3.4 por ciento, de 131 asuntos en 2005 a 140 asuntos en 2007”.

Además, al cierre del ejercicio 2007 el TFJFA no elaboró un programa de trabajo para dar cumplimiento a la línea de acción establecida en el apartado “Estrategia programática” del PEF de 2007: “Mantener y fortalecer el cuerpo profesional y operativo altamente calificado, capacitado y especializado en las tareas y materias bajo su responsabilidad”, ni contó con indicadores o parámetros para medir su cumplimiento.

Facultades TFJFA

De acuerdo con la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el TFJFA está facultado para dictar sentencias en los siguientes casos:

I. Las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos, en que se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación.

II. Las que nieguen la devolución de un ingreso, de los regulados por el Código Fiscal de la Federación, indebidamente percibido por el Estado o cuya devolución proceda de conformidad con las leyes fiscales.

III. Las que impongan multas por infracción a las normas administrativas federales.

IV. Las que causen un agravio en materia fiscal distinto al que se refieren las fracciones anteriores.

V. Las que nieguen o reduzcan las pensiones y demás prestaciones sociales que concedan las leyes en favor de los miembros del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada Nacional o de sus familiares o derechohabientes con cargo a la Dirección de Pensiones Militares o al erario federal, así como las que establezcan obligaciones a cargo de las mismas personas, de acuerdo con las leyes que otorgan dichas prestaciones.

VI. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

VII. Las que se dicten sobre interpretación y cumplimiento de contratos de obras públicas celebrados por las dependencias de la administración pública federal centralizada.

VIII. Las que constituyan créditos por responsabilidades contra servidores públicos de la Federación, del Distrito Federal o de los organismos descentralizados federales o del propio Distrito Federal, así como en contra de los particulares involucrados en dichas responsabilidades.
IX. Las que requieran el pago de garantías a favor de la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, así como sus organismos descentralizados.

X. Las que se dicten negando a los particulares la indemnización a que se contrae el artículo 77 bis de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. El particular podrá optar por esta vía o acudir ante la instancia judicial competente.

XI. Las que traten las materias señaladas en el artículo 94 de la Ley de Comercio Exterior.
XII. Las que impongan sanciones administrativas a los servidores públicos en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

XIII. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

XIV. Las que decidan los recursos administrativos en contra de las resoluciones que se indican en las demás fracciones de este artículo.

XV. Las señaladas en las demás leyes como competencia del tribunal.
Percepciones magistrados y mandos medios

Censura en Palacio


BEATRIZ PEREYRA


17-agosto-2009


En la Presidencia de la República, el miedo a la expresión libre no tiene límite. Al joven nadador Rodrigo Martínez, multimedallista en la pasada Olimpiada Nacional, le quitaron el discurso que llevaba preparado en su calidad de orador y le pusieron en las manos uno "autorizado por el presidente". Inofensivo su texto, pedía más ayuda para los jóvenes deportistas. El que le hicieron leer agradecía al presidente Calderón su presencia en ese acto y su apoyo incondicional al deporte.


El sudor provocado por la emoción de estar en Palacio Nacional humedeció tanto las manos del nadador Rodrigo Martínez Aguilar que alcanzó a mojar el fólder donde celosamente guardó, durante horas, la hoja del discurso que preparó para leerlo frente al presidente Felipe Calderón.


Cuando el muchacho de apenas 15 años –ganador de 11 medallas de oro en la Olimpiada Nacional 2009– esperaba ansioso su turno para hablar en nombre de sus compañeros, una mujer del staff de la Presidencia de la República se le acercó para informarle que no podía leer lo que había redactado y le entregó un documento con el discurso oficial.


"Se me acercó muy amigable. Me dijo que ya el presidente había autorizado el discurso y que ése era el que tenía que leer", cuenta Rodrigo.


"Fue la persona que siempre viene con el presidente que, supongo, ha de ser su asistente o como una jefa de seguridad. Ella me lo cambió, pero fue una de las dos que me dijeron porque había otra señora que es como de publicidad o algo así y me lo pidió (el discurso) porque dijo que se lo iban a leer a la Presidencia. No sé si lo leyeron o no pero llegaron a cambiármelo", detalla.


Aquel miércoles 5 de agosto fue la segunda vez que Martínez estuvo en un acto con el titular del Ejecutivo, como portavoz de los atletas mexicanos para la ceremonia de premiación de la Olimpiada Nacional en la que ha participado desde 2006 con una cosecha de 31 medallas, 24 de las cuales son doradas. En 2007, en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) redactaron el documento para su exposición oral, y se lo entregaron un día antes del evento.


En esta ocasión, el Consejo Estatal para el Fomento Deportivo y Apoyo a la Juventud (CODE), le dio al nadador la oportunidad de colaborar en la elaboración de su discurso, pero se quedó con las ganas de leerlo.


"Al principio me puse un poco nervioso y medio me saqué de onda porque no supe qué hacer; ni modo que les diga que no, si ellos son la gente que manda en nuestro país. Sentí un poco de impotencia al momento de que me lo dieron pero al final me tuve que acostumbrar y dije: 'ellos saben por qué me lo quitan'. La señora me explicó que eran cosas internas. Le dije que sí, que no había problema", recuerda el deportista.


–¿Te gustó leer el discurso que te dieron? –se le pregunta.–Pues no fue un discurso malo pero no es lo que yo quería decir.


–¿Por qué crees que te lo quitaron?–Pienso que no querían que saliera en los medios de comunicación lo que yo iba a decir, por temor a que dijera una imprudencia o a que como el discurso lo había hecho yo no me lo hubieran revisado en casa.


–¿Consideras que los deportistas deberían tener el derecho de expresarle al presidente lo que sienten y piensan?–Nosotros los tenemos que hacer (los discursos) porque somos quienes los leemos. Nos queremos expresar y si no, ¿para qué lo leemos nosotros? Que lo lea alguien más porque no vamos a manifestar lo que queremos y nos están obligando a decir unas palabras que no son nuestras.


Este es un extracto del reportaje que publica la revista Proceso en su edición 1711 que empezó a circular este domingo 16 de agosto.

17/08/09

Seguros a altos funcionarios por $10 mil millones


Burócratas de mando en las entidades y dependencias federales, los privilegiados.

Seguros a altos funcionarios por $10 mil millones


Gastos médicos mayores y retiro individualizado, los rubros a los que, pese a la crisis financiera, se destinó el dinero en el primer semestre del año; la cantidad es superior al recorte presupuestal que se pretende hacer a la SEP y al boquete que registra el IMSS



17-agosto-2009

Política

Rogelio Hernández López


Durante los seis primeros meses de 2009, los más duros de la crisis financiera, las prestaciones a servidores públicos no sufrieron reducciones drásticas. Al contrario, siguió aumentando el monto y la proporción de dos sobresueldos para los funcionarios de mando en las entidades y dependencias del gobierno federal: alrededor de 9 mil 963 millones de pesos fueron pagados durante el semestre por seguro de gastos médicos mayores y seguro de retiro individualizado.


Tal cantidad de dinero es independiente de lo erogado por las cuotas de seguridad social y servicio médico al ISSSTE, al IMSS y de los fondos institucionales de retiro como el SAR (unos 4 mil 500 millones de pesos), prestaciones que también recibe la mayoría de quienes ocupan cargos de jefes en la administración pública.


Estas y otras erogaciones pueden confirmarse en el capítulo “IX.- Prestaciones que perciben los servidores públicos” inserto en el “Informe sobre la Situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública” del segundo trimestre de 2009.


El gasto durante el primer semestre, por los dos seguros que sólo protegen a los altos funcionarios, es superior al recorte que se pretende hacer a la Secretaría de Educación Pública (7 mil millones de pesos) y casi el triple del boquete financiero que registra el Instituto Mexicano del Seguro Social (3 mil 791 millones).


Sobresueldos


Las prestaciones que en general reciben los funcionarios públicos son clasificadas comosobresueldos.

En el tabulador de sueldos y prestaciones de los servidores públicos de confianza, por ejemplo, para el Secretario de Economía, el salario base es de 32 mil 613.14 pesos mensuales a los que se adiciona una compensación garantizada neta por el rango de 228 mi 569. 12 pesos. Una vez hechos los descuentos diversos quedan un total neto de ingresos líquidos de 137 mil 050 pesos al mes.


Según el mismo catálogo, el secretario tiene como prestaciones garantizadas: seguro de vida institucional por al menos 40 meses de la percepción ordinaria mensual; seguro colectivo de retiro de 12 mil 500 a 25 mil pesos; prima vacacional de 50 por ciento de 10 días de sueldo base; prima quinquenal de 46 a 136 pesos mensuales; gratificación de fin de año de 40 días de sueldo base; pagos de defunción de hasta 4 meses de la percepción ordinaria; ayuda para despensa de 77 pesos al mes; vacaciones pagadas de 20 días hábiles al año en dos periodos de 10 días; uso de hasta tres vehículos y apoyo económico para uno; hasta cuatro teléfonos celulares con un crédito máximo de 13 mil 500 pesos cada uno; gasto de alimentación de 12 mil 750 mensuales.


Pero, según el informe de resultados de la economía antes referido, ni esas ni otras prestaciones son tan cuantiosas para los servidores públicos como la suma de ambos seguros adicionales: el de gastos médicos mayores y el de separación individualizada.


El de gastos médicos mayores tiene pólizas de 333 a 1000 salarios mínimos generales, que en caso de requerirse, la póliza más baja alcanza 525 mil 374 pesos. De esta, el funcionario paga voluntariamente 2, 4 y hasta 10 por ciento de su salario, misma proporción que el gobierno le adiciona.


De ese modo, además del ingreso base del secretario (salario y compensación), el gobierno federal eroga alrededor de 22 mil pesos mensuales adicionales por las prestaciones garantizadas y, además, otros 30 mil por estos dos seguros. Con todo la suma asciende a unos 190 mil pesos mensuales.


La mayoría de las prestaciones garantizadas y adicionales, con la proporcionalidad del cargo, se conceden a todos los mandos principales del sector público, de acuerdo con la reglamentación interna en rigor.


El costo


En el informe económico financiero de 2009, los montos mayores en los gastos por prestaciones para todos los servidores públicos fueron para esos dos seguros que benefician principalmente a los mandos superiores.

De acuerdo con este reporte, disminuyó casi 4 por ciento el gasto programable de los ramos administrativos de entidades y dependencias del gobierno federal incluido el IMSS y el ISSSTE. La diferencia entre lo pagado y programado al iniciar el año fue de 3.8 por ciento, para quedar en 561 mil 145 millones de pesos.


Empero, los pagos por prestaciones en esas áreas consumieron 9 de cada 100 pesos (8.88 por ciento) del gasto programable: casi 50 mil millones de pesos. En 2006, tres años antes, esa proporción era menor en un punto porcentual, apenas llegaba a 8 por ciento, como se comprueba en el indicador histórico de gasto del gobierno en servicios personales hasta 2008.


Del total de las prestaciones, solamente el pago de los dos seguros referidos consumió alrededor de 20 por ciento; esto es una erogación aproximada a los 9 mil 963 millones de pesos. En contraste, lo que se pagó por cuotas al ISSSTE o al IMSS es menos de la mitad.


Así, en los primeros seis meses del año, ambos seguros (gastos médicos mayores y de retiro) en algunas dependencias y entidades consumieron proporciones exageradas del gasto total de prestaciones:


Presidencia, 14.63 por ciento; Gobernación, 51.24 por ciento; Relaciones Exteriores sector central, 26.29 por ciento; Hacienda sector central, 37.86 por ciento; Inmujeres, 57.67 por ciento; Economía sector central, 37.31 por ciento; Comisión Federal de Competencias, 66.14 por ciento; Secretaría del Trabajo sector central, 31.7 por ciento; Procuraduría del Trabajo, 42.2 por ciento; Energía sector central, 48.72 por ciento, y Desarrollo Social sector central, 75.17 por ciento.


Un reporte especial elaborado en el Centro de Investigación y Docencia Económica por Laura Carrillo Anaya y Juan Pablo Guerrero Amparán aseguraba que ya en 2002 los salarios, compensaciones y prestaciones de los mandos superiores del gobierno mexicano eran de los más altos del mundo. Y, no han disminuido.

12/08/09

Se derrumban las “verdades” oficiales

México SA
-Se derrumban las “verdades” oficiales
-Lo que Calderón se niega a oír

Carlos Fernández-Vega
La Jornada
12 de agosto del 2009



El secretario de Hacienda, Agustín Carstens; el senador Gustavo Enrique Madero y el rector de la UNAM, José Narro Robles, durante las audiencias públicas sobre la crisis económica organizadas por el Senado de la República". Foto María Luisa Severiano
Una tras otra se han derrumbado las verdades” oficiales (en los hechos descaradas mentiras gubernamentales) sobre la trágica realidad económica nacional y la “crisis externa” que nos hacía lo que el viento a Juárez. Así, el “presidente del empleo” a duras penas mantiene el suyo; las “sólidas finanzas públicas” presumidas por Calderón y Carstens registran su momento más crítico en 30 años; el agujereado “navío de gran calado” zozobra; la “blindada” economía mexicana se desmorona en proporciones no vistas en casi ocho decenios, mientras el retórico “gran futuro” económico y social prometido por los dos gobiernos panistas se configura como la primera década perdida para los mexicanos en el nuevo milenio.

Aún no concluye este caótico 2009, cuando los mismos que diagnosticaron un “catarrito” económico para el país y pasmados vieron la debacle hoy se dicen preparados para “reflotar” el barco y prometen “un leve crecimiento” en 2010, para lo cual utilizarán el mismo recetario que ha mantenido estancado al país a lo largo de tres décadas. El próximo será un año en el que “se tomarán decisiones difíciles”, dijo ayer Agustín Carstens, aunque en los hechos, más que “difíciles”, serían mortales. Por ejemplo, como la recaudación tributaria se desplomó a lo largo del presente año, toda vez que las empresas reventaron y los empleos desaparecieron, entonces la mejor idea gubernamental es incrementar los impuestos o crear adicionales “para compensar”, dice, la pavorosa caída en la captación fiscal registrada en 2009. Sin duda, una excelente idea del calderonato que terminaría por derrumbar lo que el “catarrito” no alcanzó a destruir en su primer paseo.

El secretario de Hacienda participó ayer en el “nuevo” foro organizado por el Senado de la República (La evolución de la crisis económica y las medidas emergentes para enfrentarla que deben considerarse en la agenda legislativa), donde fue a repetir las sobadas recetas para que el país salga de la crisis, aunque en los hechos cada día lo hunden más. Es la familia feliz instalada en esa mágica dependencia pública, en la que se niegan a reconocer que el de México no es un “problema coyuntural”, sino que a todas luces es estructural; que sin golpe de timón el barco se seguirá hundiendo y que tres años son muchos, y muy peligrosos, si se aferran al modelito. Con bombos y platillos el doctor “catarrito” promete “un leve crecimiento” económico para 2010, tal vez de 3 por ciento, proporción que en el lejano caso de concretarse sólo confirmaría –por si alguien dudara– que el sexenio calderonista ha sido un desperdicio político, económico y social.

En ese mismo foro en el que “para encontrar soluciones a la crisis” participan muchos de los que negaron su existencia (el propio Carstens, el ágil Gerardo Ruiz Mateos, el simpático Javier Lozano Alarcón y el eficiente Javier Molinar Horcasitas), pero que se dicen dispuestos “para enfrentarla”. Otros, que nunca la negaron y que, por el contrario, no han quitado el dedo del renglón, asistieron para decir lo que el gobierno calderonista se niega a oír, como en el caso del rector de la UNAM, José Narro Robles, quien subrayó que “la crisis no es sólo coyuntural, sino que tiene raíces estructurales, por lo que requerimos cambiar un modelo que se ha agotado y que ya no muestra ser el conveniente para México. Invito a emprender la refundación de la República, y para ello el Senado es el espacio privilegiado para hacer el llamado para establecer un mecanismo que permita acordar los consensos necesarios para diseñar la nueva estructura del país. En el modelo seguido están las causas de la crisis y de una de sus expresiones: la disminución de los ingresos tributarios. Sin la acción compensadora del Estado, el mercado no puede regularse por sí mismo y menos resolver las injusticias sociales. El bienestar de la población y su seguridad social son los puntos más importantes, con el apoyo de la educación y la investigación”.

Pero Carstens como quien oye llover. Insistió en su tesis de aumentar impuestos o aplicar nuevos en 2010, qué más da, pues la idea es “recuperarse” del desplome en la recaudación fiscal 2009. “La brecha de financiamiento del próximo año será de cerca de 300 mil millones de pesos, y se estima emplear 60 por ciento de los fondos de estabilización en 2009, lo cual implica que el remanente que quedará para 2010 será mucho menor. Por ello, ante el shock financiero más grande que ha recibido el país en los últimos 30 años, será necesario proponer un déficit público moderado que se reduciría al recuperarse la economía y la recaudación, para cerrar de nuevo con presupuesto balanceado en 2012. Esta medida procuraría atender la reducción transitoria en la recaudación tributaria”, según dijo.

Además, recortar el gasto público en prácticamente todos los renglones, menos en los superfluos, en las grandes comilonas, elevados salarios y portentosas prestaciones; en la “conservación” de macetas presidenciales o en las galletitas predilectas de la first lady, mucho menos en los vergonzosos emolumentos de ministros, comisionados, consejeros, integrantes del gabinetazo y demás fauna que dice gobernar este país, entre ellos los ineficientes partidos políticos, los cuales a pesar de todo no dejarán de recibir lo suyo. No se recorta eso, pero sí habrá más impuestos para que paguen los de siempre, si es que sobreviven a 2010, año a todas luces peor que este caótico 2009.

Mientras el doctor “catarrito” repetía su estribillo, el inquilino de Los Pinos hacia lo propio: “hemos evitado que una crisis económica tan severa, la más grave, quizá que se tenga registro en el mundo, arrasara con el empleo en México como pudo haberlo hecho. Sí nos impactó, desde luego, lo sabemos (pero) en dos meses se han logrado generar más de 35 mil plazas”. Qué bueno, porque ya sólo faltarían 665 mil de ellas para recuperar el nivel de empleo registrado en 2007, el que, desde luego, tampoco se alcanzará en 2010.

Las rebanadas del pastel

Respuesta al S.O.S. (Manuel Luna, manuelbl35@hotmail.com) publicado en la entrega de ayer: “me dirigí a la persona que usted menciona al final de la columna para decirle que con los bancos lo único que opera es la acción directa, que es dejar de pagarles. Y mejor si se hace en forma organizada, como lo hace El Barzón. En ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, los barzonistas tienen tomado uno de los bancos agiotistas y como respuesta han cerrado sus puertas todos los bancos de la ciudad. Eso afecta sus jugosas ganancias, que es lo único que les importa. Estamos observando quién se raja primero, si los barzonistas o los banqueros abusivos”. (torjaq_42@hotmail.com).

11/08/09

Infonavit: usura social; deudores, con la soga al cuello


Jesusa Rodríguez

Proceso

9 agosto del 2009



Por Agencias
09/08/2009 - 04:10 AM

México (Proceso).-


Agobiado por la cartera vencida, el director del Infonavit remató decenas de miles de créditos en apenas una fracción de su valor a principios de 2006; ahora en manos de dos empresas privadas, los trabajadores son amenazados con el desalojo si no logran pagar las exorbitantes cuotas que les imponen; los tribunales no logran ponerse de acuerdo ante los miles de juicios de amparo solicitados por los afectados: mientras en unos casos los otorgan, en otros los niegan; el problema ha llegado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que deberá resolver el conflicto el miércoles 12El 29 de junio de 2005, Víctor Manuel Borrás Setién, director del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), se percató de que un conjunto de créditos por 26 mil 488 millones de pesos tenían poca probabilidad de ser cobrados. Para “maximizar” su recuperación, vendió a empresas privadas poco menos de la mitad de esa deuda, equivalente a 12 mil millones de pesos, en tan sólo mil 589 millones de pesos, es decir, el 13.24% de su valor.El hecho no sólo sembró incertidumbre entre miles de familias de trabajadores colocados en riesgo de perder sus viviendas; también se tradujo en cientos de procesos judiciales que han suscitado criterios contradictorios en varios tribunales hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el próximo miércoles definirá si el organismo puede o no vender créditos de naturaleza social a empresas privadas.


Todo el problema se inició el 27 de abril de 2005, cuando el PAN y el PRI aprobaron en la Cámara de Diputados una serie de modificaciones a la Ley del Infonavit propuestas por el entonces presidente Vicente Fox.La nueva ley facultó al Instituto a sujetarse a discreción a la Ley de Transparencia; a quedar fuera de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y a que el Consejo de Administración propusiera a la Asamblea General las políticas de crédito “y cualesquiera otra que sea necesaria” para el cumplimiento de sus objetivos.El 29 de junio de ese año, Borrás Setién pidió un informe de la cartera vencida. Las cifras fueron desalentadoras: miles de trabajadores que recibieron créditos del Infonavit para vivienda no habían pagado 41 mil 38 millones de pesos y, peor aún, había otros 110 mil 781 créditos por 26 mil 488 millones 74 mil 464 pesos con bajísima probabilidad de recuperación, llamados “cartera vencida reservada”.


En septiembre de ese 2005, la Comisión de Seguimiento de Metas del Infonavit presentó una “Estrategia de depuración de la cartera vencida”. La solución propuesta fue vender la totalidad de la “cartera vencida reservada”, considerada para ese momento como incobrable. En cuanto a la cartera vencida de 41 mil millones de pesos, que sí es recuperable, propuso que no rebasara el 5% del total de todos los créditos que otorga la institución.


El 26 de octubre siguiente, el Consejo de Administración que encabeza Borrás Setién autorizó esa operación, pero con una modificación: dispuso poner en subasta pública solamente 56 mil 490 créditos de la “cartera vencida reservada”, equivalente a unos 12 mil millones de pesos. Por ser créditos casi imposibles de recuperar, el organismo determinó rematarlos, literalmente, en mil 588 millones 802 mil pesos, es decir, a tan sólo el 13.24% de su valor.


Infonavit nunca explicó por qué no subastó el 100% de la cartera, como le recomendó la Comisión de Seguimiento de Metas. Sin embargo, en el propio documento “Estrategia de depuración de la cartera vencida” que se le presentó a Borrás Setién está la respuesta: 42 mil 893 expedientes de los créditos estaban incompletos, por lo cual no se pudieron subastar.


Una de las empresas ganadoras de la subasta pública fue Recuperadora de Deuda Hipotecaria, una empresa filial de la estadounidense Lend Lease, que en sólo seis días –entre el 6 y el 12 de enero de 2006– se constituyó legalmente, se adjudicó la subasta y firmó con el Infonavit el contrato de “cesión de derechos” de los créditos.


Recuperadora de Deuda Hipotecaria obtuvo 19 mil créditos por el módico pago de 415 millones 700 mil pesos.Otra empresa que se adjudicó la subasta pública convocada por el Infonavit fue SCRAP II, que pagó mil 173 millones 102 mil pesos por 34 mil créditos. Esta filial de la estadounidense Pendelum Associates es presidida por Roberto Enrique Colliard López, excoordinador general de Recursos Corporativos de Fobaproa, antecedente del IPAB.


LITIGIOS


René Sánchez Galindo, integrante del Consejo de Defensa de la Vivienda, informa que se han promovido unos 3 mil 200 amparos en contra de la venta de cartera vencida del Infonavit, hasta ahora, a través de diversas organizaciones sociales, entre ellas el Barzón Auténtico de Ciudad Obregón, Sonora, y el Frente en Defensa de la Vivienda de Ciudad Valles, en San Luis Potosí. Él solo inició 120 juicios de amparo.


Las empresas privadas que adquirieron los créditos incobrables del Infonavit ahora exigen a sus representados pagos inmediatos de entre 20 mil y 60 mil pesos, y mensualidades por arriba de 5 mil pesos. Si no cubren la deuda en las nuevas condiciones que les imponen, se les notifica su próximo desalojo. “Eso ha ocurrido principalmente en el norte del país, sobre todo en Sonora”, comenta Sánchez Galindo.


Lo malo es que estos trabajadores cayeron en cartera vencida cuando debían cubrir al Infonavit mensualidades de apenas entre 400 y 800 pesos, debido a la pérdida de empleo y la crisis económica que vive el país.


Sánchez Galindo comenta que nueve de los 120 créditos que está defendiendo ya se han resuelto en tribunales Colegiados de Circuito. Seis casos los ha ganado y perdió los otros tres.


Uno de los amparos, el de la acreditada Sylvia Díaz Gutiérrez, fue ganado en el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Premier Circuito Judicial el 16 de diciembre de 2008, que ordenó al Infonavit reasumir la administración del crédito, lo que se cumplió al día siguiente.


La autorización de vender la cartera vencida “afecta inconstitucionalmente el patrimonio de los trabajadores, porque se corre el riesgo de transgredir el artículo 43 bis de la Ley del Infonavit, toda vez que las empresas privadas que se quedaron con los créditos no tienen facultades fiscales para recaudar el 5% del salario (que el empleador retiene al trabajador), ni para transferirlo de la subcuenta de vivienda al pago del crédito, como ordena la ley”, advierte el abogado Sánchez Galindo.


La venta de créditos de Infonavit contradice incluso a la propia ley que rige al Instituto, que en su artículo 3 dice que “el crédito sea barato”. Sin embargo, explica Sánchez Galindo, “al trasladarse a las empresas privadas, se transforma en un crédito caro por la forma de pago que exigen”.


Curiosamente, el Infonavit asegura que los contratos de crédito firmados por los acreditados con el organismo de vivienda para los trabajadores establecen que “el Instituto, en su calidad de acreedor hipotecario, tiene el derecho de llevar a cabo la transmisión de los derechos que le asisten a través de una sesión de crédito (o sea, una venta), esto en razón de que legalmente, y hasta que no se dé una liberación de hipoteca, es el propietario y titular de los créditos”.


Infonavit respondió así a la solicitud de información que le hizo el ciudadano Juan José Garza el pasado 8 de noviembre de 2006, en la que le requirió “el sustento legal” para vender su crédito. Sin embargo, en ninguna parte de los contratos entre el trabajador y el Infonavit dice que se pueden vender.


Más aún, el Infonavit ha reconocido que “la posibilidad de vender la cartera no se encuentra prevista en la ley”, como lo aceptó la Subdirección General Jurídica del organismo durante la séptima reunión nacional de comisiones consultivas regionales del Instituto.


En cuanto a los amparos que se han perdido en tribunales, el abogado Sánchez Galindo explicó que los fallos se basaron en que la Ley del Infonavit le faculta aprobar cualquier política pública necesaria para cumplir con sus objetivos; según el juzgador, esto significa que tiene la facultad discrecional de autorizar la venta de créditos.


Y, por último, los tribunales que negaron el amparo sostuvieron que no hay una prohibición expresa en la Ley del Infonavit ni en el Código Civil que prohíba la venta.


Ante las diversas interpretaciones de la Ley del Infonavit (sobre todo el artículo 16, fracción IX) en los tribunales, que en seis casos llevó al otorgamiento de amparos y en otros tres a negarlos, existe lo que se conoce como “contradicción de tesis”, la cual ha llegado ya a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en dos solicitudes.


La decisión que tome la SCJN el miércoles resolverá definitivamente si el Infonavit está facultado para vender cartera vencida.

“La Corrupción Azul” desnuda despilfarro de la presidencia


PATRICIA DáVILA

Proceso

MÉXICO, D.F., 10 de agosto (apro).-


El libro La corrupción azul, del periodista Daniel Lizáraga, “desnuda el despilfarro económico en las transiciones presidenciales” en México, país donde, a pesar de que existe una Ley de Transparencia, no hay rendición de cuentas, afirmó Juan Pablo Guerrero Amparán, comisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI).


Durante la presentación del libro, el autor Daniel Lizárraga, reportero de la revista Proceso, aseguró que el presidente Felipe Calderón ya se dio cuenta del “costo político que tiene para ellos la transparencia”, por lo que, advirtió, en el relevo que se avecina en el IFAI --Juan Pablo Guerrero y Alonso Gómez Robledo, terminarán su gestión este año--, existe el riesgo de que el mandatario ceda a la tentación poner gente afín a él.


“En este caso, el presidente de la república va a nombrar esos dos comisionados y a mí me parece que la tentación que tiene Felipe Calderón por nombrar a dos afines a su gobierno es grandísima que no va a dejar pasar esta oportunidad para meter a dos personas afines que cierren filas en el IFAI para que de ahí ya no salga nada”, afirmó.


Para Lizárraga, la corrupción no se va a acabar: “Es un problema muy complejo, pero ojalá algún día pueda influir para que alguna vez pase algo en este país, porque –los reporteros- publicamos (sobre corrupción) en todos los medios, solo que en México, somos el país del aquí no pasa nada.”

La corrupción azul, libro ganador del premio Debate, que otorga la editorial Random House Mondadori, es un libro escrito con rigor periodístico, ameno, crítico, hace uso de análisis político, del conocimiento histórico, del suspenso narrativo y logra desnudar, desmarañar, sin miramientos, lo inmoral que ha resultado el uso del dinero público en las dos transiciones gubernamentales del PAN, afirmó el comisionado Juan Pablo Guerrero. Consideró que para combatir la corrupción hace falta una sociedad más independiente y demandante. Que reclame sostenidamente honestidad. Que exija un gobierno más eficiente y honesto. Denuncie y combata la corrupción. Hace falta más periodismo de investigación, más la realizada por Daniel Lizárraga.


“En La Corrupción Azul, hay un recuento de excesos, de corruptelas, de inmoralidades y no posa nada. Todos los mencionados siguen estando tan tranquilos. Por ejemplo, saber que se gasta dinero en la contratación de edecanes, por parte de quienes hoy son nuestros secretarios de estado, es de lamentarse que no pase nada.


“Me queda claro que la corrupción, la negligencia y deficiencias gubernamentales permanecen. No han disminuido a pesar de la llegada de la alternancia política, los contrapesos institucionales y la multiplicación de los mecanismos de control burocrático, de elevación de infracciones y la ley de transparencia”, señaló el comisionado del IFAI.


Recordó que la solicitud con que Alonso Lujambio defendió la opacidad en el manejo de los recursos presidenciales, cuando fue presidente del IFAI, “le fue buenamente premiada al final del camino”.


“En el IFAI fue evidente el conflicto de intereses por la amistad entre el hoy secretario de Educación Pública, pero antes comisionado ponente en el IFAI, Alonso Lujambio y el presidente de la República.”


“En uno o dos casos, se exhibió la excesiva preocupación de mi colega Lujambio de no dañar al presidente de la República, particularmente al actual. Preocupación que, me parece, le fue buenamente premiada al final de camino”.


Guerrero lamentó que aun cuando hay transparencia y hay acceso a documentos en México, no hay rendición de cuentas.


Por su parte, el doctor Sergio Aguayo, investigador, politólogo, especialista en derechos humanos y en temas sobre la opacidad en las fuerzas armadas, cuestionó: “¿Por qué seguimos siendo una sociedad tan corrupta o que tolera tanto la corrupción? La sociedad no es corrupta, pero si tolera la corrupción, es una sociedad permisiva.


“Estamos viviendo una conjunción de crisis sin precedentes desde la revolución: económica, internacional, seguridad, municipal, y la de valores éticos y cívicos. En el mundo de la época real todo es permitido con tal de alcanzar el poder, lo que significa cada vez un auge cada vez más claro a la impunidad de la corrupción, sobre la cual trata La Corrupción Azúl”, agregó.


“¿Cómo fue que los decentes, los boticarios y los abogados del partido de la gente decente se corrompieron tan fácil y tan rápidamente? ¿Qué sucedió? En este sentido, el libro de Daniel Lizárraga tiene la virtud de explorar ocho meses en la historia de los últimos 9 años a profundidad, ¿Cómo se gastaron poco menos de los 300 millones tanto Vicente Fox como Felipe Calderón?”, cuestionó.


Para Sergio Aguayo, este libro ilustra uno de los problemas no explorados de la transición mexicana. “No hay ninguna duda: Los dos últimos presidentes corrompieron a gente. Lo demuestran los documentos de este trabajo devastador”.

06/08/09

El autismo presidencial


JESúS CANTú


5-agosto-2009


Por más que la realidad demuestre el fracaso y las deficiencias de los programas gubernamentales, el presidente Felipe Calderón y su equipo se empeñan en continuar adelante como si el éxito los acompañara. Su insensibilidad para atender las demandas ciudadanas se manifiesta particularmente en tres ámbitos: política electoral, estrategia de combate al crimen organizado y política económica.


Al iniciar su mandato, Calderón estableció que él manejaría directamente el PAN, evidenció su distancia con Manuel Espino y movió piezas e hilos para colocar en su sitio a Germán Martínez, simple operador de los designios presidenciales. Luego, por medio de Germán, designó o palomeó, unipersonalmente, a los candidatos a los puestos de elección popular. Sus resultados fueron pésimos: perdió tres gubernaturas (Yucatán, San Luis Potosí y Querétaro), decenas de alcaldías y más de 60 diputaciones federales, y, en contrapartida, sólo ganó la gubernatura de Sonora.


Como resultado del fracaso panista –y como prueba de que Calderón no sólo manda y designa, sino que también ostenta–, Germán presentó su renuncia a la dirigencia del partido tras salir de un acuerdo con Calderón en Los Pinos. Más aún, sin que el presidente se percatara o aceptara que fue su intromisión en la vida partidista la causa principal de la debacle, en su intento de mantener el absoluto control del partido, envió a otro de sus más fieles allegados, uno de sus hijos políticos, César Nava, a sustituir al renunciante.


Todo indica que Calderón y su fiel escudero Nava ya lograron controlar la oposición de los senadores Santiago Creel y Ricardo García Cervantes, así como la del diputado electo Javier Corral, mientras que los otros tres adversarios (Humberto Aguilar, Gerardo Priego y Manuel Espino) no tienen dentro del partido fuerza suficiente para hacer oír su voz. De manera que la segunda imposición en la presidencia del CEN está consumada, en espera de los comicios de 2010.


En lo que se refiere a la lucha contra el crimen organizado, desde el primer minuto de su mandato Calderón decidió involucrar al Ejército en el combate al narcotráfico, y la primera entidad adonde envió a los militares fue Michoacán. Más allá de la detención de miles de presuntos narcotraficantes y de las altísimas cifras de decomisos e incautaciones de droga y efectivo, también en este campo los resultados son negativos, ya que el número de muertes relacionadas con el narco y el consumo de drogas crecen desmesuradamente, mientras se multiplican las violaciones a los derechos humanos.


El 24 de mayo de 2008, el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, reconoció que los asesinatos vinculados al crimen organizado crecieron 47% desde 2007. El 18 de junio de 2009, El Universal publicó que, a partir del primero de enero, las muertes relacionadas con el narcotráfico sumaban 3 mil, lo que representaba un incremento de 80% con respecto al mismo período de 2008; en ese lapso, el promedio de personas asesinadas diariamente era de 17, contra 9.5 que reconocía Medina Mora en 2008. Y la tendencia es al alza.


Los datos del consumo de estupefacientes son igualmente preocupantes: En septiembre de 2008, la Secretaría de Salud dio a conocer resultados preliminares de la Encuesta Nacional de Adicciones 2008, según los cuales en 2002 el número de mexicanos que probaron la droga era de 3.5 millones, mientras que en 2008 la cifra se había incrementado en un millón, es decir, un aumento de casi 29%.


En febrero de este año, el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, reconoció que en los últimos cuatro años el consumo de estupefacientes se duplicó, y el lunes 20 de julio el diario Reforma publicó que, según el Consejo Nacional contra las Adicciones, en los últimos seis años el número de adictos creció en 78%, al pasar de 203 mil en 2002 a 361 mil en 2008. De acuerdo con ese medio, la cifra de mexicanos que consumen cocaína casi se duplicó en estos seis años, al pasar del 1.3% al 2.5% de la población.


El hecho es que, con las detenciones e incautaciones, crece el número de muertos, adictos y consumidores de droga. Y las entidades donde más se ha concentrado el esfuerzo del gobierno federal son también las que presentan mayores índices de violencia: Michoacán y Chihuahua. Pese a ello, la respuesta del gobierno federal al desafío lanzado por La Familia michoacana desde el jueves 9 de julio fue enviar a esa entidad 5 mil 500 elementos federales más.


Calderón acompaña el envío de más tropas con el discurso triunfalista que repite desde 2008: “Sabemos que estas reacciones desesperadas y violentas responden a los severos golpes que ha dado el gobierno a la delincuencia organizada”, señaló el pasado 13 de julio durante la inauguración de la 73 Asamblea General Ordinaria de Organizaciones Ganaderas. En tanto que el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, declaró al Washington Post que esa es la única estrategia que conocen y que nadie les ha sugerido una distinta, pese a que los expertos no dejan de hacer llamados para implementar una política integral que incluya programas preventivos y que ataque también las causas –no solamente los efectos– del narcotráfico.


En el ámbito económico y social la situación es similar. Después del famoso “catarrito” de Carstens, las cifras demuestran que México es el país latinoamericano que más resentirá los efectos de la crisis económica.


De acuerdo con Alicia Bárcena, directora de la Cepal, se estima un decrecimiento de 7% en el producto interno bruto durante 2009. La especialista advirtió que México afronta, además de la recesión mundial, sus añejos problemas estructurales, entre los que destacan: la concentración de ventas al exterior, los altos índices de desigualdad y la baja recaudación tributaria.Únicamente en el primer trimestre de 2009 el PIB cayó a una tasa anual de 8.2%, producto de una reducción de 9.9% en la actividad industrial y de 7.8% en el comercio y los servicios.


El jueves 23 de julio, el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, anunció un nuevo recorte de 50 mil millones de pesos en el presupuesto federal de este año, que da al traste con la llamada política anticíclica. Y el miércoles 29, el Banco de México confirmó los pronósticos de la Cepal al señalar que el decrecimiento será de 6.5 a 7.5% y que se perderán 735 mil empleos en el sector formal, el doble de los que fueron creados en los dos primeros años del sexenio.


Pero aun antes de la recesión, los estragos de los problemas estructurales ya dejaban sentir sus efectos, particularmente sobre las clases menos favorecidas. La Encuesta Nacional Ingreso-Gasto de los Hogares (ENIGH) que el Inegi realiza cada dos años mostró que 10% de la población más pobre del país perdió 8% de sus ingresos en términos reales entre 2006 y 2008, mientras que el 10% más rico se mantuvo estable. Los ingresos de los 11 millones de mexicanos que menos ganan pasaron de 2 mil 217 pesos mensuales en 2006, a únicamente 2 mil 39 en 2008, en tanto que el de los 11 millones más ricos cayó únicamente 10 pesos, al pasar de 44 mil 359 a 44 mil 349.


Esto también se tradujo en un incremento de la pobreza alimentaria (quienes no tienen suficientes ingresos para adquirir una canasta de alimentos básicos) que, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), aumentó de 13.8% de la población en 2006 a 18.2% en 2008, es decir, pasó de 14.4 millones a 19.5 millones, cinco millones de mexicanos más. La pobreza de capacidades (sin recursos para satisfacer sus necesidades de educación y salud) creció de 24.7 a 25.1%; y la de patrimonio (sin recursos para satisfacer las necesidades de vivienda, vestido y transporte) se elevó de 42.6 a 47.4%. En los dos años de la presente administración se retrocedió a los niveles de 2005.


Al respecto, la respuesta del gobierno federal es que sin sus programas el daño hubiera sido mayor. El 19 de julio, según el diario Reforma, la Sedesol reconoció que “la combinación de dos factores determinados internacionalmente: una crisis económica que reduce el ingreso de los hogares y el alza en el precio de los alimentos y otros productos, afectaron de manera más severa a las personas que menos tienen y generó el incremento observado en los niveles de pobreza”.


Pero la misma secretaría aseguró que la oportuna respuesta del gobierno federal evitó que el impacto fuese mayor. “Del análisis de la ENIGH se desprende que gracias a la acción inmediata del gobierno federal a través de las trasferencias que realiza se evitó que 2.6 millones de personas ingresaran en condiciones de pobreza, evitando de esta manera un impacto mucho mayor, dadas las condiciones del entorno económico”, dijo.


El lunes 20 de julio, el mismo presidente Felipe Calderón señaló en Puebla que, pese a la caída de 9% en la economía, la variación negativa en el empleo es de sólo 3% debido a los programas gubernamentales. También en este ámbito, a pesar de los resultados adversos, conforme a la visión gubernamental, las políticas son las correctas, pues de lo contrario el impacto sería mayor.


Así, mientras la realidad atropella al PAN y a la población mexicana, el presidente y su equipo la ignoran, defienden sus programas, persisten en sus políticas y repiten sus acciones...

03/08/09

¡No! ¡Cédula de identidad no!


Ojo por ojo

Álvaro Cueva

02-agosto-2009



Qué tiene Felipe Calderón en la cabeza? ¿Quiere pasar a la historia como el Presidente más impopular de todos los tiempos? ¿Está recibiendo órdenes de alguna entidad siniestra que lo obliga a cometer errores?


¿Está desesperado por impedir que otro partido llegue a Los Pinos en 2012? ¿No tiene en qué tirar el dinero? ¿Le urge terminar de aterrorizar a la población?


Su anuncio de que va a haber una cédula de identidad para todos los mexicanos es una de las cosas más monstruosas que se le pudo haber ocurrido.


Y, peor, porque se supone que este maravilloso instrumento se va a sacar por nuestra seguridad.
Explíqueme usted si esa bendita tarjeta va a impedir que en este momento entre un comando a su casa y lo secuestre con lujo de violencia.


Si ese documento va a evitar que lo agarren a balazos en la calle, si esa credencial lo va a defender de un asalto o si ese papel lo va a ayudar a sentirse mejor cuando lo estén golpeando, cuando lo estén violando o cuando le estén arrancando una parte del cuerpo.


No, por favor. Dígame que esto no es cierto, que esto no está pasando, que todo fue un mal sueño, que don Felipe se equivocó de discurso cuando hizo este anuncio.


Las cédulas de identidad sólo son propias de los gobiernos totalitarios, de los regímenes que quieren tener perpetuamente vigilada a la población para evitar que los desobedezcan.


Y no, no sirven para proteger, sirven para evidenciar la inseguridad de los gobernantes que saben que están haciendo tan mal su trabajo que temen que en cualquier momento aparezcan grupos que los derroquen.


Es horrible por donde quiera que se le analice, algo que definitivamente no queremos ni necesitamos en México.


No, y espérese, no estamos hablando de una cédula de identidad como las de los dictadores, estamos hablando de un papel peor porque, para obtenerlo, hay que dejar grabadas la voz, el iris y todas las huellas digitales.


¿Usted estaría de acuerdo en regalarle su voz a nuestras autoridades? ¿Para qué? ¿Para que se endulcen la oreja mientras esperan sus bonos sexenales? ¿Para que la manipulen y luego aparezcan grabaciones que lo comprometan en algo que usted ni siquiera imaginó?


¿Quién le garantiza a usted que los mecanismos tecnológicos a través de los cuales se obtengan esas grabaciones son perfectos y que jamás se van a cometer errores si hasta los bancos se equivocan a la hora de cobrar los intereses de sus créditos?


¡Y luego las huellas! ¿Usted le va a depositar sus huellas al gobierno? ¿Para qué? ¿Para que cualquier burócrata se meta a su cuenta bancaria, investigue y retire lo que quiera?


Si las bases de datos más insólitas de México se han comercializado en el mercado negro, ¿quién le garantiza a usted que no va a pasar lo mismo con nuestras huellas digitales?


¿Quién da más por las huellas de Carlos Slim? ¿Cuánto quiere por las huellas de Elba Esther Gordillo, las de Enrique Peña Nieto o las del mismo Felipe Calderón? ¡Que rolen las copias!


¿Sí se da cuenta de la gravedad de esto? Es una violación clarísima a nuestra privacidad, a nuestra identidad, a nuestros movimientos y a nuestras libertades.


Es espionaje, es tenernos vigilados de por vida, es como si usted o yo, nada más por ser mexicanos, fuéramos culpables de algo terrible.


Es tratarnos como no nos merecemos, algo que se tiene que discutir aunque suene más conmovedor ver a Nelson Vargas de gira artística por todos lados.
¿Hay alguien en este país que crea, sinceramente, que con la expedición de estas credenciales desaparecerá el crimen organizado?


¿Existe una persona que íntimamente justifique el gasto que todo este movimiento va a representar justo ahora que tenemos tantas necesidades?


¿Usted está de acuerdo? ¿Alguien le pidió su opinión? ¿Alguna institución puso a votación esta decisión tan delicada?


¿A usted no se le hace el colmo de la tramitología considerando que en este país tenemos que sacar acta de nacimiento, registro federal de causantes, clave única de registro de población, credencial para votar con fotografía, licencia para conducir, pasaporte, cédula profesional, firma electrónica ante Hacienda y un montón de documentos más para demostrar, a cada rato, que somos quienes somos?


¿Qué tiene Felipe Calderón en la cabeza? ¿Por qué está haciendo estas cosas? ¡Por qué!


¡Atrévase a opinar!


Escucha a José Gutiérrez Vivó desde E.U.A.

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