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A la sombra de los Gómez del Campo

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Reporte de ultima hora

24/01/10

Gobiernos panistas: alta corrupción y baja transparencia


Autor: Paulina Monroy
Sección: Portada
20 Diciembre 2009

Desde que el Partido Acción Nacional asumió la Presidencia de la República, los índices de corrupción en México se incrementaron y la transparencia se fue a pique, señalan organismos no gubernamentales. Los mecanismos para combatir la corrupción y garantizar la rendición de cuentas no son eficaces. Por el contrario, las entidades responsables son omisas y la corrupción se convierte en un “fenómeno estructural”

Desde 2001, el primer año de gobierno de Vicente Fox, la corrupción en México se ha venido incrementando. Según el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de la organización Transparencia Internacional, desde que el Partido de Acción Nacional (PAN) llegó al poder, México ha reducido su puntaje de 3.7 en 2001 a 3.3 en 2009.

El estudio fue aplicado en 180 países, con una escala de 1 a 10, donde 1 es el mayor nivel de corrupción. México nunca ha alcanzado siquiera el seis. En la más reciente evaluación, el país bajó 17 lugares de la última posición que obtuvo en 2008. A nivel mundial alcanzó el lugar 89.

El IPC se elabora a partir de 13 fuentes que pertenecen a 10 instituciones independientes y que miden el alcance general de la corrupción, es decir, la frecuencia y magnitud de los sobornos en el sector público. La evaluación está a cargo de expertos y líderes empresariales. Además, se auxilia de información de instituciones financieras internacionales, consultorías y foros.

Irma Eréndira Sandoval, coordinadora del Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción y la Transparencia, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM (IIS), advierte que la corrupción en el panismo sí ha tenido efectos más dramáticos, toda vez que la ciudadanía cifró su esperanza en la alternancia política: “El voto contra el PRI (Partido Revolucionario Institucional) fue un voto porque la corrupción cesara; no obstante, la corrupción ominosa del sexenio de Vicente Fox, que no ha sido combatida con Calderón, ha generado mayor frustración”.

Describe que son diferentes los modus operandi de la corrupción entre el priismo y el panismo. La diferencia, subraya, son las contradicciones y el problema de diseño institucional para su combate.

Es así, y en contradicción con los resultados internacionales, que del total de investigaciones realizadas por la Secretaría de la Función Pública (SFP), sólo el 1.5 por ciento concluye que hubo actos de corrupción. A su vez, México retrocedió dos puntos en transparencia presupuestaria en un año, según Fundar, Centro de Análisis e Investigación.

Función Pública deficiente para atacar corrupción

El 18 de noviembre, la SFP admitió que México necesita mejores instrumentos legales para fortalecer el combate a la corrupción.

“Las calificaciones –señaló la entidad– constituyen una advertencia sobre lo mucho que se debe hacer en el gobierno federal, los poderes legislativo y judicial, estados, municipios y el sector privado para controlar la corrupción”.

Indicó que ésta es una oportunidad para cambiar las reglas en el tema del combate a la corrupción: “Si seguimos haciendo lo mismo que en años anteriores, vamos a obtener los mismos resultados”. Por lo que sugirió tener mayores atribuciones para ser más eficiente la lucha contra la corrupción, más facultades de investigación, acceso a bases de datos y a recursos que optimicen su labor.

La entidad informó que este año reestructuró más del 60 por ciento de las funciones y perfiles de servidores públicos, “a fin de privilegiar un enfoque preventivo en el combate a la corrupción y eliminar espacios que la propicien”. Aseguró que el número de servidores públicos denunciados penalmente se ha incrementado “notoriamente”.

Función Pública, entidad instalada por el panismo para vigilar la administración pública federal, “no ha sido efectiva y es omisa de las prácticas ilícitas de los servidores; sirve de trampolín político y plataforma de empuje y no la entidad de combate a la corrupción”.

Para Irma Eréndira Sandoval, es el caso de Francisco Barrio, primer secretario de Contraloría y Desarrollo Administrativo (antigua denominación de la SFP), cargo del que se separó en 2003 para convertirse en diputado federal y coordinador de la bancada panista.

También Germán Martínez Cázares, quien fue titular de Función Pública por sólo nueve meses, durante el primer año de la administración de Felipe Calderón, para más tarde convertirse en presidente nacional del PAN.

La doctora en ciencias políticas enumera que, de 2000 a 2005, la SFP inició en promedio 89 averiguaciones previas por casos relacionados con la corrupción. La investigadora del IIS apunta que la mayoría de los casos se definen como cargos muy menores.

De este modo, el 48.8 por ciento de las investigaciones se deduce que se trata de negligencias administrativas. El 35.5 por ciento de los casos se refieren a violaciones de normativa presupuestal, y el 8.8 por ciento a violaciones de procedimientos de contratación, adquisiciones y licitación.

El 5 por ciento corresponde a abuso de autoridad y sólo el 1.5 por ciento, a corrupción: “Según la Secretaría de la Función Pública tenemos un país de 1.5 por ciento de funcionarios públicos corruptos y el 80 por ciento de funcionarios descuidados”. Califica de contradictoria esta visión frente al IPC de Transparencia Internacional.

Indicadores internacionales arrojan que una tercera parte de los mexicanos desconfían de las estrategias de combate a la corrupción, mientras que el 28 por ciento cree que el gobierno está coludido.

Corrupción en América

El reporte Índice de percepción de la corrupción 2009, de Transparencia Internacional, advierte que en el continente americano la corrupción se encuentra gravemente extendida. De los 31 países de América incluidos en la evaluación, sólo 10 obtuvieron una puntuación superior a cinco, mientras que 21 estuvieron por debajo.

Nueve países ni siquiera lograron superar la marca de los tres puntos: Argentina, Bolivia, Guayana, Honduras, Nicaragua, Ecuador, Paraguay, Venezuela y Haití. El último, el más pobre de la región, mejoró su calificación de 1.4 a 1.8 en un año.

En todos los casos, con excepción de Argentina y Venezuela, hay altos niveles de pobreza y se “requieren urgentemente instituciones que faciliten su desarrollo económico. Sin embargo, respecto de la calificación de los países suramericanos, Transparencia Internacional refiere que es indicador de que la corrupción no está asociada exclusivamente a la pobreza.

Con excepción de Guatemala, ningún país de la región mostró un incremento significativo en su puntuación. Canadá, país que posee la primera posición de la lista, obtuvo una calificación de 8.7, seguido por Estados Unidos, que se mantiene en 7.5. Por arriba de los seis puntos están Barbados, Santa Lucía, Chile, Uruguay y San Vicente y las Granadinas.

Tanto como México, Brasil, Perú y Colombia tampoco superaron la puntuación de cinco. El informe explica que pese a ubicarse entre las principales economías de la región y a que deberían convertirse en referentes de la lucha contra la corrupción, se ven sacudidos por escándalos sobre impunidad, pagos irregulares, corrupción política y captura del Estado.

“La puntuación baja de la mayoría de los países latinoamericanos –observa Transparencia Internacional– refleja el hecho de que las instituciones débiles, las prácticas de gobernabilidad deficientes y la excesiva injerencia de los intereses privados continúan frustrando las iniciativas tendientes a promover un desarrollo equitativo y sostenible”.

Por otro lado, enuncia que los periodistas de América Latina, que junto a la sociedad civil desempeñan un rol clave en la prevención de la corrupción y las medidas para combatirla, se enfrentan a un entorno cada vez más restrictivo: “Varios países han sancionado o propuesto leyes destinadas a silenciar al periodismo crítico, lo que atenta contra la posibilidad fundamental de denunciar la corrupción y su impacto”. Opina que debilitarlo limita la posibilidad de alcanzar una prosperidad duradera y reducir las desigualdades.

Especialmente con la crisis financiera, sugiere la organización, los Estados de la región deben adoptar medidas que garanticen que los fondos públicos se administren con integridad.

Al respecto, la académica del Instituto de Investigaciones Sociales, Irma Eréndira Sandoval, observa que los resultados sitúan a México en un nivel por debajo de países donde hay antidemocracia, nula transparencia, autoritarismo y bajo desarrollo económico: “¿De qué sirve jactarnos de nuestros avances democráticos?”

Baja en transparencia

“El objetivo de la transparencia es combatir la corrupción”, sostiene Sandoval. Sin embargo, por un lado –observa la investigadora– se celebra que hay transparencia y acceso a la información y, por otro, existen “rotundos” fracasos en materia de combate a la corrupción.

La coordinadora del libro Corrupción y transparencia, debatiendo las fronteras entre Estado, mercado y sociedad, publicado recientemente, considera que la transparencia per se y la normatividad sobre el acceso a la información están desligadas de ese fin último.

“La palabra transparencia se prostituye porque todos la usan para legitimarse, pero nadie la señala como herramienta que combata la corrupción”. El motivo, explica la académica, es la simulación.

Ejemplifica que las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos están en la total opacidad, pues ninguna ley los obliga a divulgarlas. Bajo el argumento de tratarse de datos personales, dice, se justifica la no rendición de cuentas.

La coordinadora del Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción y la Transparencia observa que hay muchos recovecos legales para darle la vuelta al control y la fiscalización.

A diferencia de 2008, México retrocedió dos puntos en transparencia, según el Índice Latinoamericano de Transparencia Presupuestaria, evaluación realizada por Fundar, Centro de Análisis e Investigación.

Este año recibió una calificación de 48 en una escala de uno a 100, donde uno significa nada transparente y 100, totalmente transparente. Obtuvo así el puntaje más bajo desde que el estudio se levantó por primera vez en 2001.

El diagnóstico se centró en dos aspectos: las percepciones de los usuarios y expertos de la información sobre la utilidad y la instrumentación de las normas, y el análisis del marco legal que permite identificar vacíos en las obligaciones del gobierno en la rendición de cuentas.

Fundar, Centro de Análisis e Investigación, explica que el país experimentó un retroceso de dos puntos, reflejando el descontento con respecto a los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en la información presupuestaria: “Las percepciones han retrocedido ya que en la práctica, la información crea más dudas de las que resuelve o no es útil”.

Ejemplifica que con la publicación de la nueva Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas se redujo el contenido del Avance de gestión, informe semestral sobre la ejecución del presupuesto: “El documento era crucial para valorar la gestión y dar inicio al proceso de fiscalización”.

Mientras que “la crisis económica develó la falta de información disponible sobre las medidas adoptadas para aminorar sus efectos”, las que, describe, son casi imposibles de seguir. De este modo, aunque se aprobó un Programa para Impulsar el Crecimiento y el Empleo, no hay información expresa que dé cuenta de sus avances.

El Índice de Transparencia Latinoamericana está formado por la evaluación de cinco variables: participación y elaboración del presupuesto, fiscalización, rendición de cuentas y acceso a la información.

A nivel de región, sólo la variable “participación ciudadana” obtuvo el menor porcentaje en respuestas favorables, 11 por ciento. México pasó de una evaluación positiva de 10 por ciento en 2007 a 5 por ciento en 2009.

“Aun cuando existen normas legales que consideran la participación ciudadana en la planeación de las políticas públicas, no forzosamente se trasladan al proceso presupuestario”, advierte el reporte. La Ley de Planeación prevé la participación ciudadana en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo (PND); sin embargo, no la contempla para el proceso presupuestario.

Respecto de las atribuciones del Legislativo para modificar, discutir, analizar y evaluar el presupuesto, el porcentaje de respuestas positivas pasó de 40 a 37 por ciento de 2007 a 2009.
Sobre su capacidad de adecuar el presupuesto durante el ejercicio fiscal, los especialistas respondieron favorablemente en un 21 por ciento. En México no existe la obligación legal de autorizar cambios en el gasto durante su ejecución.

La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria prevé que en caso de una disminución de más del 3 por ciento, el Poder Legislativo está facultado para sugerir modificaciones para su reducción; sin embargo, no tienen carácter aprobatorio. Esa tarea recae en el Ejecutivo, que estará encargado de resolverlas.

En transparencia de la asignación de recursos, México también redujo su calificación al pasar de 20 a 16 por ciento en dos años. No obstante que la estructura programática del presupuesto es congruente con el PND, la distribución del presupuesto sigue una lógica independiente.

Aunque existe un sistema de evaluación de desempeño que fija los criterios para la asignación, el público desconoce los indicadores estratégicos y si en realidad hay un examen de resultados.

La variable fiscalización del presupuesto fue evaluada sólo con 23 por ciento. En relación con las capacidades de la contraloría externa, México redujo su puntaje de 43 al 34 por ciento, y en redición de cuentas de 22 al 18 por ciento. También en control sobre funcionarios públicos, cuya calificación se redujo de 22 a 16, y en responsabilidades de niveles de gobierno del 23 al 16 por ciento.

Además, por sí sola, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental registró un retroceso en la calificación que otorgan los expertos: “Aún existen fallas en la práctica que impiden el flujo de información. Algunos de los problemas más frecuentes al pedir o recibir información por el sistema Infomex incluyen la supuesta inexistencia de la información solicitada, respuesta que el ciudadano no puede comprobar, y que la información presentada sea incongruente con la solicitada”.

Corrupción, problema estructural

Irma Eréndira Sandoval define que la corrupción es un fenómeno estructural, por lo que es un error que las estrategias para combatirla la definan como un problema ético: “Los gobiernos panistas son fundamentalistas y la definen como un tema moral y de religiosidad, cuando se requiere estrategias institucionales que acaben con la impunidad y pongan en su lugar a quienes violan las leyes”.

Expresa que alrededor de la corrupción estructural hay una total opacidad en los ámbitos judiciales; violaciones al derecho de acceso a la información y a los principios básicos de la administración pública; la generación de conflictos de interés a todos niveles, y la falta de una cultura ciudadana de denuncia y de políticas que la estimulen.

Aunque, en su opinión, existe normatividad “de avanzada” para atacar la corrupción; “la nula voluntad por aplicarla genera impunidad y una enorme frustración entre la ciudadanía”.

Sugiere, como advierten analistas en el estudio Corrupción y transparencia, debatiendo las fronteras entre Estado, mercado y sociedad, que se aprueben leyes de estímulo de informantes internos o whistle blowers, ciudadanos que denuncian actos de corrupción con atribuciones en sectores públicos y privados, y contra los conflictos de interés.

Calificación reprobatoria en corrupción durante el panismo
Presidente

Año
Calificación
Ernesto Zedillo
1999
3.2
Vicente Fox
2000
3.3
2001
3.7
2002
3.6
2003
3.6
2004
3.6
Felipe Calderón
2005
3.5
2006
3.3
2008
3.6
2009
3.3

Fuente: Transparencia Internacional

Corrupción, problema mundial

Según Transparencia Internacional, la gran mayoría de los 180 países examinados en corrupción obtuvo una puntuación inferior a cinco, en una escala de cero (alta corrupción) a 10 (bajos niveles de corrupción). Del total evaluado, 127 alcanzaron calificaciones reprobatorias.

Su informe Índice de percepción de la corrupción 2009, publicado el 17 de noviembre, advierte que los resultados generales son sumamente preocupantes, puesto que muestran que la corrupción continúa asechando en las regiones donde prevalece la falta de transparencia y los gobiernos no han instrumentando marcos jurídicos para combatirla.

Es así que los países más inestables, marcados por la guerra y el conflicto constante, se encuentran rezagados en los últimos puestos del índice: Somalia, con una puntuación de 1.1; Afganistán, con 1.3; Myanmar, con 1.4, y Sudán e Irak, con 1.5.

“Los que se consideran más corruptos –observa la organización– son también aquellos asolados por conflictos de larga data que han arrasado con su infraestructura de gobernabilidad”.

Advierte que cuando las instituciones básicas son débiles o inexistentes, la corrupción aumenta sin control y el saqueo de los recursos públicos potencia la inseguridad y la impunidad. Además, instaura una creciente desconfianza en las instituciones y los nuevos gobiernos encargados de garantizar la subsistencia y la estabilidad.

Transparencia Internacional sostiene que el soborno, los cárteles y otras prácticas corruptas frustran la competencia y contribuyen a la pérdida masiva de los recursos para el desarrollo en los países, especialmente los más pobres.

Por el contrario, donde hay estabilidad política, normas arraigadas sobre conflictos de intereses e instituciones sólidas y eficientes, las calificaciones fueron las más altas. Nueva Zelandia encabeza la lista con un puntaje de 9.4. Le siguen Dinamarca, con 9.3; Singapur y Suecia, con 9.2, y Suiza, con nueve.

No obstante, alerta la organización, los países industrializados tampoco deben confiarse, toda vez que la oferta de sobornos y la facilitación de la corrupción involucran a empresas con sede en dichos países. Apunta que las jurisdicciones donde se resguarda el secreto financiero obstaculizan las acciones para terminar con la corrupción.

Durante la presentación del informe, Huguette Labelle, presidenta de Transparencia Internacional, subrayó que contener la corrupción requiere un activo control del Poder Legislativo y Judicial; organismos de auditoría independientes; la aplicación enérgica de la ley; transparencia en los presupuestos públicos; ingresos y flujos de asistencia; medios independientes de comunicación, y una sociedad civil dinámica. (PM)

Gil Díaz, irregularidades y explotación laboral en Telefónica

Revista quincenal Contra Línea
No. 163
3 de enero del 2010


Trabajadores de los callcenter del Grupo Telefónica denuncian que desde la llegada del exsecretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, a la dirección de la empresa, se les obliga a utilizar bases de datos oficiales para vender seguros, tramitar tarjetas de crédito sin autorización de los clientes, hacer cargos por adeudos y trámites inexistentes, así como acosar y maltratar a deudores de la banca que contratan el servicio de cobranza




Aún la Procuraduría General de la República no cierra la investigación en su contra por la escandalosa evasión de impuestos en la venta de Banamex a Citigroup (que le restó a la hacienda pública 50 mil millones de pesos), y ya el exsecretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, está envuelto en un halo de supuestas malas prácticas en los callcenter del Grupo Telefónica, operados bajo la firma Atento, de acuerdo con testimonios de trabajadores cuyas condiciones laborales rayan en la esclavitud.


Empleados de Telefónica de diversos centros, entrevistados por Contralínea, desnudan las irregulares prácticas “corporativas” impuestas por Gil Díaz en su afán de generar ganancias al consorcio español que desde febrero de 2007 lo designó su director en México y Centroamérica.

La mano del exfiscal de hierro –como se le conoció en el sexenio de Vicente Fox– está detrás de la voz que llama al tarjetahabiente hasta 10 veces al día para recordarle que tiene un atraso en el pago de la tarjeta de crédito y le exige cubrirlo de inmediato, o para venderle un seguro o para obligarle a renovar una póliza. El telefonista es un joven de 18 a 25 años de edad que trabaja en un centro de llamadas o callcenter de Atento, en donde tiene prohibido levantarse hasta para ir al baño en tanto no logre cerrar 15 operaciones (ventas) en un lapso de seis horas.


Para cada operación, el telefonista tiene 300 segundos. Si el interlocutor lo insulta, deberá esperar a escuchar tres insultos para solicitarle al supervisor que le autorice colgar la llamada, pues el tarjetahabiente “no modera lenguaje”. Si no logra que alguien cubra su adeudo o le compre un seguro o una tarjeta de crédito, es porque, a juicio de sus supervisores, no aplica la política de la compañía: acosar.


La cara sucia de Telefónica


Atento es la compañía menos conocida del Grupo Telefónica, aunque se trata de una de las que le genera mayores ganancias, pues además de fungir como brazo operativo para la captación de clientes de sus productos de telecomunicaciones, ofrece a la banca e industria los servicios de ventas, cobranza y gestión de reclamaciones. De enero a septiembre, generó ingresos por 970 millones de euros, según sus estados financieros, con México como su segundo mercado a nivel mundial, sólo después de Brasil.


En México tiene una docena de centros (ubicados en el Distrito Federal, las ciudades de Pachuca, Monterrey y Nuevo Laredo), atendidos por 13 mil 500 jóvenes –el 76 por ciento de la plantilla laboral del Grupo Telefónica–. Entre sus principales clientes se ubica Master Card, Santander, el Grupo Financiero BBVA-Bancomer, el grupo Wal Mart con sus respectivas tarjetas departamentales, Reader’s Digest y Zurich.


Pero las jugosas ganancias que Atento obtiene en el país están plagadas de anomalías, según denuncian los trabajadores de la compañía: uso de bases de datos gubernamentales para la venta de seguros y de tarjetas de crédito sin autorización de los clientes, cargos a tarjetas por comisiones ficticias e imposición de planes tarifarios a clientes de MoviStar, entre otros.


Los trabajadores dicen que su materia prima son padrones oficiales que contienen información confidencial de los clientes. Ello, revelan, ha derivado en “trafico” de información que sale de los centros. Refieren lo que ocurrió hace unos meses en el centro instalado en el número 51 de la calle Dinamarca –en la colonia Juárez del Distrito Federal–: atónitos, escucharon que sus supervisores les ordenaban desnudarse para registrarlos, pues se había extraviado una memoria USB que contenía información confidencial de los clientes.

En otro callcenter, ubicado en Monterrey 100, colonia Roma, los operadores recibieron datos de personas empadronadas en rancherías. Su misión: venderles tarjetas de crédito. Elizabeth, una de las telefonistas, detalla cómo fue obligada a venderle plásticos de Bancomer y Santander “a la gente que vive en los ranchitos”:


“Sólo se escuchaban gallos. La gente no entendía qué era eso de la tarjeta de crédito; yo trataba de explicarles y sólo me decían ‘¡Qué gané, qué gané! La orden era activar 10 tarjetas por día, y mi supervisor detrás de mí, así que yo les contestaba: ‘Sólo dígame qué sucursal bancaria le queda más cerca’, y les asignaba la tarjeta. Yo sólo les decía: ‘Tal día debe ir a su sucursal bancaria más cercana’. Ahora me molesta mucho que nos obliguen a activar tarjetas a la gente de Luz y Fuerza, cuando todos sabemos que están desempleados, y ése no es un secreto, sale en la tele. Tenemos la instrucción de venderles o de que conserven su tarjeta o que paguen comisiones por pago tardío. También se les activan seguros de todo tipo”.


Nadejda Peña Hernández vendió seguros para el hogar del Grupo Bancomer. Dice que le entregaron una base de datos con la consigna: “A éstos les debes vender, si no, te vas”. Eran tiempos de torrenciales en Tabasco y Chiapas que precedieron a las inundaciones de octubre de 2007. Ella identificó que las claves lada correspondían precisamente a esas entidades. “¡Me puse a vender seguros! Yo le explicaba a la gente lo importante que era que aseguraran su casa y, por supuesto, muchísimos me compraron. Hicieron los depósitos y en los siguientes días se les enviarían las pólizas”. Cuando arreciaron las inundaciones, continúa, “algunos clientes hablaban desesperados para decirme que no habían recibido ninguna póliza y otros que no se las querían hacer válida. La gente hablaba desesperada, me suplicaban que los ayudara. El supervisor me ordenó que nosotros no podíamos hacer nada. Cuando yo les decía esto, me gritaban que yo era una ratera, que qué les había vendido en realidad. Se ordenó que se cancelaran las ventas de seguros para Tabasco y Chiapas. En realidad ya habíamos hecho muchísimas ventas”.


Atento se promueve como una compañía socialmente responsable: “La responsabilidad social en Telefónica México es tarea fundamental de sus empleados”, asegura Francisco Gil Díaz en el perfil de la administración a su mando. Sin embargo, los trabajadores denuncian prácticas a las cuales son obligados y que los hacen entrar en conflictos morales y sicológicos: engañar a los clientes para que acepten cualquier producto que vende la compañía, propio o de terceros.


Los entrevistados destacan el caso de la campaña “migración intraproduto”, que MoviStar lanzó para que sus clientes cambien la compra prepago y acepten planes tarifarios ya que, de acuerdo con un reporte elaborado por Francisco Gil Díaz, para finales de 2007 más del 94 por ciento de los 12.5 millones de clientes de Telefónica utilizaban productos prepago, por ello se planteó la meta de hacerlos “migrar” hacia los planes tarifarios.


Cada operador debe hacer entre ocho y 10 “migraciones” en una jornada de seis horas. Raúl, trabajador de Atento en el callcenter de Plaza Inn, dice que para cubrir la cuota tienen la orden de imponer planes tarifarios, aunque el cliente no los apruebe. Algunos supervisores los azuzan a engañar al cliente de que el plan no le costará más que las recargas que de cuando en cuando hace a su celular.


Félix Ariel Carrillo, quien participó en esa misma campaña durante los ocho meses que laboró en Atento, dice que para él fue muy vergonzoso “tener que imponer esos planes a personas que en realidad no tienen la capacidad económica para pagar. Me hizo entrar en un conflicto ético y moral. No sé si llamarlo tristeza o depresión, pero el hecho es que no se tocan el corazón para venderle un plan a personas que no tienen ni para comer. ¡Vamos, si yo como trabajador, que recibía un sueldo casi mínimo (1 mil 200 pesos quincenales), apenas tenía para sobrevivir! El caso que más recuerdo es el de un albañil que me contaba que escaseaba mucho el trabajo. En esos días, con lo que le pagaban en la obra, apenas tenía para comer. ¡Y el supervisor me obligó a darle de alta un plan tarifario! Durante los siguientes meses tendría que pagarle una renta a Telefónica MoviStar. Nos obligan a esas prácticas llenas de corruptelas”.


En los ocho meses que Félix trabajó en Atento cubrió ocho campañas y perdió ocho kilos. Hoy este joven de 23 años de edad no puede disimular el efecto sicológico que le provocó su trabajo en la compañía donde el principio empresarial, dice, es engañar.


Master Card, la mentira


En un galerón entintado de colores chillantes –azul, naranja y amarillo–, sin ventanas y entre luces artificiales que no le permiten percibir si es de noche o de día, Carlos Daniel pasa seis horas diarias tratando de “conciliar” con los clientes de Master Card que reunieron suficientes puntos por sus compras con tarjetas de crédito e intentan cambiarlos por enseres domésticos.


Se trata de una campaña conocida en el argot de los callcenter como “de entrada”, pues el telefonista sólo se dedica a recibir llamadas. Parecería fácil, en realidad no lo es: la mayoría son telefonemas de clientes que se quejan de que los artículos no llegan y luego para reclamar que son de baja calidad. Los supervisores dieron a los telefonistas la misma indicación: mentir.


“Mentir que la entrega será en tres semanas, porque sabemos que no llegan antes de seis, y luego mentirles sobre la calidad de los productos. En realidad son marcas que uno va al tianguis y las ve allí, aunque con los puntos de Master Card son muy caras. Encima les llegan rotos y no hay cambios. La gente se queja, te insulta, te ofenden, no entienden que uno sólo es intermediario”.


Las prácticas descritas reflejan que los callcenter no son una industria regulada. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) ni siquiera cuenta con un registro del número de cuántos cargos ilegales o contrataciones ficticias que se hacen desde estos centros.


Aunado a los innegables vínculos del exsecretario de Hacienda con el sector financiero público y privado, clientes principales de Atento, incluída la Condusef, institución que depende directamente de la Secretaría de Hacienda, operada por el mismo grupo que desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari encabezaba Gil Díaz, entonces subsecretario de Ingresos.


Uno de los principales centros de Atento desde donde se hacen estos cargos ficticios se ubica en el mismo edificio sede de la Condusef, en el centro comercial Plaza Inn.


Acoso y maltrato


La llegada de Francisco Gil Díaz al frente del corporativo está marcada por dos directrices: acosar para la venta de tarjetas de crédito y maltratar para el cobro de las mismas. Y es que primero se estimula el consumo mediante la concesión de crédito y luego se persigue a los morosos. Para Atento es ganar-ganar, pues el impago de los tarjetahabientes “es un escenario repleto de oportunidades, un nuevo modelo de negocio para las empresas que actúan en la concesión y recuperación de crédito”, dice la compañía en la promoción de su servicio de cobranza.


Sandra, trabajadora de uno de los centros en Pachuca, explica: “Tenemos la base de datos de empresas de todo tipo, privadas y de gobierno. Nos dicen que primero hay que venderles la tarjeta, y cuando levanten la venta pasan los datos a la base de datos de cobranza porque en unos cinco meses van a utilizarla. ¡Tienen razón! Metimos los mismos datos de venta de tarjeta en la base de pagos por demora, y en unos meses ya los estábamos usando. ¡Parece que adivinan lo que va a pasar! ¡Juegan con los clientes!”.


Con la agudización de la crisis económica, este año el cobro de la cartera vencida de Bancomer, Santander, Master Card y tarjetas departamentales de estas mismas instituciones bancarias se convirtió en las actividades centrales de Atento. La compañía vende su servicio de crédito, riesgo y cobranza y se promueve como una empresa con experiencia en los segmentos financiero, telecom, retail e industria, “que adecua las condiciones de pago a la realidad de cada cliente; previene quiebras de acuerdos y recupera clientes teniendo el cuidado en mantenerlos activos y fieles”.


En la promoción del servicio, Telefónica dice que Atento “desarrolló una solución adecuada al mercado que garantiza la retención y fidelización de clientes que pasan por un proceso de recuperación de crédito”. Con este modelo, asegura, “buscamos negociar las condiciones de pago más adecuadas a la realidad de los clientes que encuentran dificultades para saldar sus deudas, evitando quiebras de promesa y promoviendo acuerdos”.


Los trabajadores develan el entrenamiento teórico-práctico que reciben de la compañía para este servicio que dura dos semanas. La clave para cobrar la deuda es la rudeza con los clientes, y para mostrarse rudos deben insistir en el pago e informarle del adeudo al tarjetahabiente, a sus familiares, vecinos, compañeros de trabajo y hasta el jefe. Se trata de “exhibir” al deudor “pero sin palabras altisonantes”. Así que, la “solución” que vende Atento, explican los telefonistas, se circunscribe a maltratar a los tarjetahabientes. “¡No te dejes! ¡Vuélvele a marcar, y si no te paga, que te pague cualquiera de su familia!… ¡O su jefe! ¡Háblale al trabajo!”, son las instrucciones de sus supervisores y directivos durante la capacitación.


La semana de práctica se denomina “sombra”. El telefonista se sienta al lado del entrenador para ensayar la cobranza. Si el supervisor detecta que aún no se profesionaliza como acosador, se queda “en cartera” mientras recibe entrenamiento adicional, sin cobrar un solo centavo.


Marisa, del callcenter en la colonia Roma, detalla: “Llamé al trabajo y le dije al patrón: ¡cómo es posible que contrate gente que debe su tarjeta de crédito! ¡Pásemelo porque yo sé que usted lo oculta, usted es cómplice de su trabajador! Lo acosé tanto que fue a pagar. Una hora después me mandó llamar el supervisor y me dijo ‘¿Te acuerdas de la cuenta que te estaba supervisando?, pues ya pagaron. ¡Y adivina, el que pagó fue el patrón!’. Eso es lo que nos obligan a hacer”, dice la joven apenada.


Trabajo rudo


El trabajo en los callcenter es identificado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como uno de los más precarios actualmente, pero esta industria tiene dos caras: “Una es que proporciona empleo a un sector muy crítico de la sociedad que son los jóvenes, la otra cara es que se trata de una actividad no regulada, con ritmos muy fuertes de trabajo y, como se manejan vía outsourcing, sólo en algunos casos los trabajadores reciben prestaciones y el mínimo de ley”, explica Jordy Micheli Thirión, profesor-investigador del Departamento de Economía de la Universidad Autónoma Metropolitana.


Micheli, especialista en el tema de los callcenter, señala que para los corporativos de esta industria, como ocurre con la mayoría de las trasnacionales, “México es un paraíso laboral, producto del debilitamiento de la estructura laboral, del enorme desempleo, y de la falta de atención de las autoridades en la materia”. Por si ello fuera poco, los trabajadores de Atento denuncian que Gil Díaz endureció la política laboral.


Cenise Monteiro, coordinadora de “Tell Telefónica”, una campaña internacional que tiene como objetivo exigir que el Grupo Telefónica respete los derechos de sus trabajadores de callcenter, indistintamente del país donde se ubiquen, confirma que la situación que hoy enfrentan los trabajadores mexicanos es la más grave a nivel mundial. “México es el peor país en el desempeño de la empresa Atento”, dice Monteiro. Atribuye la responsabilidad a la política de la administración local, que tiene a los trabajadores bajo supervisión estricta. Se les exigen resultados poco realistas, ganan salarios muy bajos, no gozan de derechos sindicales o laborales y carecen de seguridad en el empleo.


Entre las disposiciones dictadas por Gil Díaz, Atento amplió su horario y recortó el tiempo de comida de los trabajadores a 20 minutos de break, siempre y cuando permanezcan conectados durante las seis horas que dura su turno, sin un minuto de tiempo muerto. Cuantas veces se levantan al baño cada segundo es cronometrado, pues una vez que termina la jornada el supervisor les informa el tiempo de conexión que “deben” a la compañía. Se optó por despedir a las mujeres embarazadas, pues tal estado las obliga a ir frecuentemente al baño. Se recortaron las comisiones por venta de tarjetas y seguros; se incrementaron las metas de ventas diarias y los requisitos para los bonos de productividad que los hace prácticamente inalcanzables, y aunque un trabajador llegue a la meta, tampoco es garantía de que lo reciba.


El engaño en Atento, ahonda el empleado Carlos, no sólo es para los clientes, sino para los trabajadores, pues se les prometen comisiones y bonos por productividad que nunca llegan. Félix refiere que en el caso de la campaña de las “migraciones” de planes de telefonías, donde se les prometió una comisión de 12 pesos por cada una, en su cheque se pagaban en 3 pesos y sólo ocasionalmente. O está el caso de Juan Carlos, quien desde hace seis meses espera un bono por sus comisiones por ventas de tarjetas Bancomer, Sam’s y Suburbia. Hasta hoy, el bono no ha llegado, pero le entregaron un diploma y un termo impreso con la marca de la compañía.


Entrevistados por separado, trabajadores de varios callcenter de Atento denuncian “robo” de horas extras, comisiones y bonos, y la reducción del 30 al 50 por ciento de sus salarios con el argumento de la crisis mundial. Explican que en el último año se aceleró la rotación de personal y los despidos injustificados. Ahora firman su contrato junto con su renuncia en blanco para que no generen derechos, antigüedad y, sobre todo, disuadir los intentos de sindicalizarse.


La necesidad económica y los altos niveles de desempleo que azotan al país llevan a los trabajadores a aguantar no sólo el maltrato, sino agravios como la reducción a su salario sin razón aparente. En junio pasado, los trabajadores de diversos centros del país recibieron su pago quincenal con 40 por ciento menos; cuando reclamaron, el departamento de recursos humanos les dio una somera explicación: “Nos alcanzó la crisis”. Sin embargo, los estados financieros de Telefónica reportan que en el tercer trimestre de 2009 el consorcio registró “un fuerte repunte de la actividad”. En este sentido, los trabajadores acusan a Gil Díaz de “fraude” por el reparto de utilidades, ya que sólo se les han entregado entre 47 y 67 pesos.


Elizabeth, del callcenter de la colonia Roma, dice que de plano su supervisora les prohibió tomar agua “para que no nos levantáramos al baño”. En sus 12 meses en la compañía, la jovencita ha vivido abusos de todo tipo: tortura sicológica y acoso sexual de sus supervisores, robo de sus comisiones y bonos y el agravio que produce la tensión de sentir que en cualquier momento sin razón alguna pueden despedirla. Su testimonio es elocuente de la situación de los trabajadores en los callcenter del Grupo Telefónica:


“Mi sueldo mensual es de 1 mil 800 pesos. Lo más atractivo parecen ser las comisiones: 15 pesos por venta de tarjetas de crédito. Si cubro la cuota diaria, que son 10 tarjetas, mi comisión sería de 150 pesos al día. Vendo mucho, siempre supero la cuota, pero cuando quiero cobrar mis comisiones me dicen que han tenido problemas para entregar la tarjeta y ya no me pagan, aunque el sistema me indica que las tarjetas se entregaron sin problema. No reclamo porque a quienes lo han hecho de inmediato los despiden. Cada vez que nos depositan, corro al cajero esperando que esta vez si me lleguen mis comisiones.


“Cuando no hay tantas ventas se agudiza el acoso contra nosotros. Delante de todos mi supervisor me grita ‘¡te tardaste siete minutos en el baño!’, y me los descuenta cuando me toca el break. Una vez, según sus cálculos, sólo me quedaban dos minutos de descanso. ‘¿Qué crees?’, me dijo, ‘que sólo tienes dos minutos de break porque le debes tiempo de conexión a la compañía’. Si hay muchas llamadas en ruta aunque quieras no te dejan desconectarte ni para ir al baño, te dicen que hasta que ‘bajen’ las llamadas.


Así como les cronometran el tiempo de conexión que “le deben” a la empresa, les miden cada llamada: 300 segundos, un segundo extra detona en reprimenda, tocándoles el hombro el supervisor increpa: ‘¡Tu TDO (tiempo de llamada), ya perdiste el bono, ya no hay comisión’.


“Todo el tiempo nos ponen obstáculos para no darnos el bono de productividad: si no le insistes al cliente te penalizan. Si le insistes y no compra también te penalizan porque dicen que le insististe mucho. Si hablas pausado dicen que tu voz provoca flojera y te penalizan. Si hablas rápido también te penalizan. También te prohíben que seas muy propio porque no generas empatía con el cliente. Y hay palabras prohibidas: ‘okay’, ‘espéreme tantito’ o ‘un momentito’. Por cada una que uses te penalizan. De todos los bonos que he ganado no me han entregado ninguno, pero me dieron un diploma y un termo de Atento porque mi trabajo es muy bueno. Pero tampoco me confío. Un día te dicen que haces las cosas bien y al otro día pueden despedirte sin que sepas por qué”.


María Xelhuantzi López, catedrática de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien ha dado un seguimiento histórico al sector de los telefonistas, dice que “parece que Francisco Gil Díaz tiene la necesidad de demostrar que hay un buen manejo financiero de la empresa, es decir, que se mantengan niveles altísimos de utilidad al menor costo posible, y desde luego, ello incluye el costo laboral, porque ése es parte de su compromiso para quedar bien con Telefónica: reducir costos a expensas de lo que sea”.


Y es que la clave de la economía de un centro de llamadas radica en su estructura de costos. De acuerdo con el estudio Regulación laboral en la industria de callcenter. Los casos de Atento y Tecmarketing, de los investigadores Jordy Micheli y Arnulfo Arteaga, el gasto laboral constituye más del 60 por ciento de los costos totales del callcenter, de allí que éstos se ubiquen “en países que tengan menores salarios pero que ofrezcan una fuerza de trabajo idónea para la operación de telemercadeo”.


En esta obcecación por ahorrar costos, la política de Gil Díaz es que todos los teleoperadores sean multifuncionales: que atiendan varias campañas simultáneamente, que produzcan en serie “el mismo trabajo que antes hacían tres personas”, dice José Antonio, quien tiene tres años en el callcenter de la colonia Roma.


Inestabilidad laboral


Entre los incesantes gritos de sus supervisores y las deficientes condiciones físicas de los centros (sillas y diademas rotas, insuficientes e insalubres baños de tres casetas para 500 empleados por turno, entre otras), los trabajadores enfrentan el terror de los frecuentes despidos masivos.


La incertidumbre laboral es uno de los principales factores que abonan al estrés permanente en que se desempeñan los 13 mil 500 empleados en Atento México. Comienzan y terminan la jornada pensando que quizá es su último día. “Por recorte de personal, por tu falta de disposición, porque no pones de tu parte, porque tu supervisor ya no te quiere, porque no estás a la altura de la compañía…”, son argumentos que escuchan los trabajadores al momento de su destitución.


Producto de los despidos masivos, Atento es una compañía que permanentemente contrata personal, sobre todo para sus centros en el Distrito Federal. Los requisitos y el reclutamiento son relativamente sencillos: “ser mayor de edad, facilidad de palabra y aptitudes para venta y cobranza”. Como se contrata particularmente a los jóvenes, la principal oferta de empleo se ubica en los portales de internet. Una vez dentro, la ilusión de incluirse en el mercado laboral choca con su realidad.


La mayoría de los jóvenes entrevistados por Contralínea que fueron despedidos tenían entre ocho y 11 meses en la empresa. Antes del despido casi a todos se les impuso lo que la compañía denomina PSG, es decir, permisos sin goce de sueldo. José Manuel Sánchez, extrabajador del callcenter en Plaza Inn, explica:


“Ese PSG que inventaron en Atento te lo anuncia el supervisor. De un día a otro, te dice: ‘mañana tienes PSG’, y no te pagan. Te consuelan con que no te van a poner la falta ‘para que en tu expediente no diga que eres faltista’. En cambio, cuando alguien se enferma no le hacen válidas las incapacidades médicas”.


Recientemente José Manuel demandó a Atento ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal por despido injustificado; recuerda que éste ocurrió minutos después de que sus jefes lo felicitaron por su alta productividad: “Me llamaron a recursos humanos, me dijeron ‘aquí está tu renuncia, fírmala’. Pregunté y me respondieron: ‘Entraste a una rifa y resultaste elegido para tu despido’”.


La antigüedad de César Ortega también alcanzó los ocho meses, todos en el callcenter de Dinamarca 51. El último día su supervisor lo felicitó, le recordó que “ya casi” llegaba su monedero electrónico de regalo. “Y ahora te vas a una capacitación en recursos humanos, ¡baja, allí te están esperando!”, le dijo. Pero lo que César se encontró fue su notificación de despido “por reestructuración de la empresa”. Se negó a firmar y demandó a Atento.


César recuerda su trabajo con amargura: “La gente habla desesperada, no pueden solucionar sus problemas con las tarjetas, te dicen que los orienten, y si tratas de hacerlo, tienes al supervisor recordándote la política de la empresa: ‘Estamos para vender no para ayudar’”.


Cuando hay resistencia al despido, los telefonistas son literalmente expulsados por el cuerpo de seguridad de la empresa. Sus compañeros sólo saben que los corrieron porque los supervisores cuelgan sus diademas frente a la que fue su computadora, en espera de un nuevo operador. Si alguien pregunta, la respuesta siempre es la misma: “Salieron porque estaban atentando contra la empresa”.


El caso de Félix Ariel Carrillo no fue mejor: “A las 18:30, poco antes de terminar mi turno, llegó una mujer de recursos humanos a decirme que me buscaba un directivo de la empresa: era el encargado del trabajo sucio. ‘Estamos pasando por una etapa difícil, la compañía tiene problemas financieros y requiere de recorte de personal, ¡y te tocó a ti, Ariel!’. Le dije ¿problemas financieros? ¿A qué se refiere? ¡Especifique por favor! ¿Problemas financieros cuando todos los días se contrata a 15 o 20 personas y cuando nos pasamos el día vendiendo? ¿Por qué a mi? ¿Dónde está mi productividad, mis asistencias, mi calidad?…”. El hombre de traje, como le llama Ariel, no le dio respuesta.


O está el caso de Cecilia, despedida de uno de los callcenter de Pachuca cuando le solicitó al área contable sus hojas de retención de impuestos. “Pero es que estoy embarazada, no puede correrme”, suplicó. “Pues perfecto que estas embarazada, aprovecha tus dos meses de seguros social”, le respondió el jefe.


Discriminación, el epílogo


El desamparo laboral de los trabajadores de Atento los hace víctima de todo tipo de abusos. En el caso de las mujeres se suma la discriminación de género y el acoso sexual de supervisores y directivos, una práctica común, dicen las trabajadoras, en la mayoría de las sucursales. La presidencia de Telefónica impuso la prohibición de usar falda, escotes, zapatos abiertos, perforaciones y el cabello teñido “en colores extravagantes”, pues “las mujeres son las que provocan y luego se quejan de acoso”, recuerda Marta este argumento del personal de recursos humanos cuando le explicaron el reglamento de la compañía.


Ni el no usar el atuendo prohibido libró a Marta de ser acosada sexualmente en el callcenter de Sevilla, y como el acosador era su supervisor, el agravio no cesó sino hasta que concluyó la campaña y la enviaron a otro centro.


Otro fue el caso de Laura. Dice que como no cedió a la proposición de su supervisor de “ser más amable con él”, la asignó a cuatro campañas al mismo tiempo: de venta de tarjetas, de cobro y de puntos. “No te alcanza el tiempo ni para respirar, pero no quise ceder, me sentí muy ofendida”.


Las prácticas de esclavitud moderna impuestas por Gil Díaz en la compañía que presume de ser “socialmente responsable” detonaron los intentos de sindicalización. En Pachuca, el apremio fue el caso de una telefonista que tuvo un aborto en el callcenter: comenzó a sangrar y los directivos se negaron a que tuviera cualquier tipo de asistencia. Para sus compañeros fue el indicio de que tenían que organizarse; en los siguientes meses, uno a uno fue despedido. Hoy, más cautos, los jóvenes vencen su miedo a los capataces del exfiscal de hierro y hacen nuevos intentos de ejercer su derecho constitucional a la libre asociación y que la compañía respete la Ley Federal del Trabajo. “Tenemos hambre, pero también dignidad”, reflexiona Jaime, uno de los telefonistas.


Contralínea solicitó una entrevista con Francisco Gil Díaz a través del área de prensa del Grupo Telefónica. Luego de que se informó que se le preguntaría sobre la situación de los trabajadores de Atento, no hubo respuesta. Se buscó también a los directores de Bancomer, quienes, a través de su área de comunicación se negaron a hacer comentario alguno sobre las irregularidades que reportan los operadores de Atento; por parte del corporativo Master Card, hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.


Gil Díaz, antisindical


En 2001, Telefónica firmó un convenio con UNI Global Union, en el que se compromete a respetar los derechos laborales de sus trabajadores y a cumplir con los acuerdos internacionales de la Organización Internacional del Trabajo en todos y cada uno de sus países de operación, independientemente de las leyes locales. Al asumir el cargo como presidente de Telefónica para México y Centroamérica, Francisco Gil Díaz desconoció el acuerdo aun en contra de la presidencia del corporativo.

En entrevistada vía telefónica desde Panamá, Cenise Monteiro, directora regional de UNI América, asegura que hay instrucciones de España para que en México se haga efectivo el acuerdo marco, aunque la dirección local se ha negado a aplicarlo, e incluso, ha ido más allá: “Ha hecho acuerdos con sindicatos de protección, sindicatos amarillos que trabajan de acuerdo con las necesidades de la empresa y no con las necesidades de los trabajadores”.


Una de las partes medulares del convenio se refiere a la libertad sindical y al derecho a la negociación colectiva. El documento, suscrito por César Alierta Izuel, presidente de Telefónica, dice que en todas las compañías del consorcio, así como en sus subsidiarias, los trabajadores gozarán del derecho de formar sindicatos y afiliarse a ellos, y que Telefónica reconocerá las negociaciones colectivas en apego al Convenio 98 de la OIT. En países donde no exista sindicato, signa el documento, “la Compañía adoptará una postura neutral al objeto de no obstaculizar ni impedir a los trabajadores organizarse en el lugar de trabajo”.


Pero en México, “Gil Díaz ha llevado a Telefónica la posición abiertamente antisindical que lo caracterizó durante sus años como funcionario de gobierno”, dice la doctora en ciencia política María Xelhuantzi, autora del libro La libertad de asociación sindical y los contratos de protección en México. “Aunque –agrega– creo que él no ha informado cabalmente a la administración de España cuál es el fondo de los problemas, pues en diversas reuniones César Alierta nos ha dicho que ellos están cumplimiento con la ley. Esto tiene que ver con que Gil Díaz ofreció a Telefónica paz laboral. Les prometió todo tipo de garantías y particularmente las que se refieren a la cuestión laboral, es decir, que no va a haber conflictos, y para ello ha usado sindicatos de protección y tráfico de influencias, porque Gil Díaz tampoco es nuevo en ese oficio”.


En enero pasado, durante la reunión anual con altos directivos de Telefónica, cuenta Xelhuantzi, César Alierta “nos garantizó que ya había instruido al director (Gil Díaz) que debía cumplir el acuerdo, pero eso no ha ocurrido”. Así que durante la reunión directiva que tendrá lugar en Colombia, el desempeño de Gil Díaz será uno de los temas principales que discutirán con Alierta.

“UNI apela a Telefónica para que haga honor al compromiso que ha contraído en el acuerdo global, que otorga a todos los trabajadores de la empresa, sin excepción, que estén en Madrid o en ciudad de México, la libertad de negociar y de organizar con miras a obtener un trato justo sin interferencia de la dirección”, subraya Philip Jennings, secretario general de UNI. (ALP)

15/01/10

La protección militar al cártel de Juárez.

Ricardo Ravelo
Semanario de análisis Proceso
10-enero-2009
La declaración ministerial que el año pasado rindió ante la PGR Vicente Carrillo Leyva vuelve a evidenciar que en las operaciones de los cárteles del narcotráfico no es excepcional la participación de mandos policiacos y militares, incluso de alto rango. En este revelador documento, El Vicentillo, acusado por la PGR de lavar dinero para el cártel de Juárez, menciona qué empresarios, funcionarios y oficiales se asociaron con su padre, Amado Carrillo Fuentes, y cómo se quedaron con parte de la fortuna que amasó en sus actividades delictivas.
Desde que lo encabezaba Amado Carrillo Fuentes, El Señor de los Cielos, el cártel de Juárez –una de las organizaciones criminales más antiguas del país– siempre ha contado con la protección de efectivos del Ejército, así como de las policías estatales y federales.
Estos elementos “cuidaban a mi padre y a mi familia” durante los viajes que realizaban en México y en el extranjero, recuerda Vicente Carrillo Leyva, hijo del capo.
Agrega que, tras la muerte de su padre, la dirección del cártel fue asumida por su tío Vicente Carrillo Fuentes, El Viceroy, quien ahora cuenta con una célula de sicarios “mayormente compuesta por exmilitares, siempre fuertemente armados, que se transportan en convoyes, están asentados en Chihuahua y se asociaron con Los Zetas, encabezados por Lazca o Lazcano, para atacar y defenderse del cártel de Sinaloa”.
Lo anterior forma parte de la declaración ministerial que rindió Carrillo Leyva ante la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) el 1 de marzo de 2009. Este testimonio se halla integrado en la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/097/2004, cuya copia tiene Proceso.
Conocido como El Ingeniero o El Vicentillo, Carrillo Leyva dice tener 32 años y fue considerado por la Procuraduría General de la República (PGR) y la Drug Enforcement Administration (la DEA, agencia antidrogas estadunidense) como el prototipo de la nueva generación de narcotraficantes y lavadores de dinero en ascenso dentro del crimen organizado. Se le acusa de varios delitos tipificados en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, como tráfico de drogas y lavado de activos.
Su captura derivó en polémica: la PGR afirma que lo detuvo en un parque cuando realizaba su rutina matinal de ejercicios, pero su esposa, Celia Quevedo Gastélum, sostiene que los agentes lo sacaron de su departamento de la Ciudad de México (Proceso 1711).
Carrillo Leyva declaró a la SIEDO detalles sobre las complicidades de su padre con altos mandos militares; habló de los negocios que su progenitor realizó con policías federales y de los empresarios que, según dice, lo estafaron cuando intentó comprar acciones en la Bolsa Mexicana de Valores, primero, y del Banco Anáhuac, después.
En su declaración ministerial exhibió parcialmente las entrañas del cártel de Juárez, recordó pasajes de su fundación y describió cómo era su estructura en el momento de su detención. No pasó por alto “el suplicio” que enfrentó, junto con su madre y sus hermanos, para recuperar la fortuna de su padre, El Señor de los Cielos, de la que sólo hallaron 7 millones de dólares que tenía guardados en varias cajas fuertes ocultas en distintos refugios y “entre seis y ocho casas”.
También recordó cómo se abocó al cobro de las deudas que distintos testaferros, entre ellos narcos colombianos, habían contraído con Amado Carrillo; igual que se dedicó a recuperar residencias de su familia en todo el país. No olvidó hablar de las relaciones de negocios que trabaron con su padre personajes como Juan Alberto Zepeda Méndez –secretario particular del empresario Jaime Camil y expareja de la actriz Ninel Conde– y José Luis Sánchez Pizzini, a quienes Carrillo Fuentes, según el declarante, les entregó 30 millones de dólares para comprar acciones del Banco Anáhuac, con el que diversos políticos, narcos y empresarios hacían negocios.
Relata que esas personas y su tío Vicente Carrillo Fuentes negaron que su padre hubiera invertido, prestado o regalado dinero para emprender negocios con ellos. “No hay nada qué reclamar”, le dijo Zepeda Méndez a Carrillo Leyva cuando le pidió la devolución del dinero que –siempre según el declarante– le entregó Amado Carrillo.
Protección militar
La declaración de Vicente Carrillo Leyva se efectuó el 1 de marzo de 2009 a las 14:10 horas ante José Federico Labastida Simón, su defensor de oficio, y Karina Gómez Sánchez, fiscal federal adscrita a la SIEDO.
Al referirse a la protección que recibía el cártel de Juárez cuando su padre lo encabezaba, Carrillo Leyva detalla cómo estaba constituida la organización criminal, los estados que controlaba y las relaciones que mantenía Carrillo Fuentes con mandos castrenses asignados a distintas plazas de la República.
Desde muy joven Carrillo Leyva comenzó a conocer a las figuras emblemáticas del narcotráfico en México:...Conozco a Juan José Esparragoza, alias El Azul. Lo conocí en el mes de septiembre de 1989, aproximadamente, cuando mi papá fue internado en el Reclusorio Sur por portación de arma de fuego, teniendo yo aproximadamente trece años de edad, quien quedó internado hasta el mes de abril de 1990, ya que Esparragoza Moreno ya se encontraba interno en el Reclusorio Sur, y fue cuando mi papá llegó ahí y cuando lo fui a ver ahí estaba también él…Cuando salió mi papá dejé de verlo (a Esparragoza), tres años después lo volví a ver en una de las fiestas de la familia…Tengo conocimiento que se dedica al narcotráfico, desde que lo conocí, y entre mi padre y él se decían compadres…Por cuanto hace a la organización que comandaba mi papá, se encontraba integrada de la siguiente manera: Amado Carrillo era el jefe que se encargaba de la dirección del cártel. Mi padre era apodado El Señor de los Cielos. Le decían así porque le gustaban los aviones y en alguna ocasión llegó a tener dos o tres.Debajo de él estaba Ramón Alcides Magaña, alias El Metro, quien era el enlace para realizar las negociaciones con los colombianos; enseguida estaba mi tío, Vicente Carrillo Fuentes, alias El Viceroy, quien era el encargado de la seguridad de la organización en todo, desde lo que eran los cargamentos de droga hasta la seguridad personal de mi papá.
Enseguida estaba Ernesto Pulido, quien era el hombre de confianza de mi papá y de mi tío, que se encargaba de la plaza de Ciudad Juárez; Chuy El Flaco era el responsable de Cancún, y también estaba Eduardo González Quirarte como encargado de la plaza de Guadalajara, y quien se jactaba de tener relaciones con los militares.
Según datos de esa averiguación previa, González Quirarte era también el encargado de las relaciones públicas del cártel de Juárez y fue quien logró corromper al general Jesús Gutiérrez Rebollo, entonces zar antidrogas, para que protegiera al capo Amado Carrillo y combatiera a los hermanos Arellano Félix, jefes del cártel de Tijuana, sus acérrimos rivales.
En su testimonio, Vicente Carrillo Leyva añade:El encargado de la plaza de Sonora era Nicanor Loya, quien siempre manifestaba que Agua Prieta, Nacozari y Hermosillo eran territorios suyos. Jaime Olvera Olvera (quien tiempo después se convirtió en testigo protegido y fue asesinado) era el encargado de la seguridad aquí, dentro del Distrito Federal…Por cuanto hace a los contactos entre policías locales, federales y militares, entre los estados (en los) que recuerdo se desenvolvía la organización estaban Quintana Roo, Sonora, Jalisco, Distrito Federal, Morelos, pero (en esta última entidad) no sé quién era el encargado porque yo sólo iba los fines de semana a visitarlo (a su padre) porque en ese tiempo yo vivía en el Distrito Federal…En un pasaje, Carrillo Leyva cuenta cómo protegían a su padre los efectivos del Ejército:En una ocasión... llegamos a Cozumel, Quintana Roo, por la época de semana santa. Mi papá nos dijo que nos adelantáramos al lugar y que ahí nos iban a recibir unos amigos de él y a tono de broma nos dijo que no nos fuéramos a asustar con las personas que nos iban a recoger en el aeropuerto, preguntando que quiénes eran y no nos quiso decir, sólo que nos iban a encontrar a nosotros...Según el declarante, llegaron a Cozumel en un avión privado. Enseguida, cuenta, “los militares rodearon el avión y al abrir las puertas nos saludaron muy amablemente diciéndonos que venían de parte del general Curiel”. Se refiere al general Gonzalo Curiel García, quien falleció en septiembre de 1995 cuando cuatro aviones de la Fuerza Aérea Mexicana colisionaron en el aire durante una exhibición del día de la Independencia. En ese accidente murieron otros jefes castrenses.
Los soldados –continúa El Vicentillo en su declaración ministerial– los llevaron a un hotel:Lo hicieron en vehículos oficiales que, recuerdo, (eran) un Jeep y una Suburban, instalándonos en el hotel…Ya por la tarde llegó el general Curiel presentándose y poniéndose a las órdenes, fue hasta entonces cuando supe de quién se trataba, pues era el jefe de la base aérea militar de Cozumel…Amado Carrillo arribó a Cozumel cuatro días después....Y en el hotel donde nos hospedamos se reunió con el general Curiel, donde también estuvo Eduardo Quirarte y, según supe después, fue él quien los presentó, ya que el general había estado en la base aérea de Guadalajara con sede en Zapopan, Jalisco. Quiero aclarar que a mí no me consta que mi padre haya sido traficante de drogas, ya que yo siempre lo vi en casa, en plan familiar.
Carrillo Leyva señala en su declaración que, tras la muerte del general Curiel, acudió a su velorio acompañado de su padre, y ahí conoció a otros militares que resultaron piezas clave para la protección del cártel de Juárez: Estando en el velorio del general Curiel, tres días después del avionazo, se nos informó que iba a llegar el general Rebollo (Jesús Gutiérrez), del cual Lalo Quirarte, quien se jactaba de ser su amigo, dijo que nos lo iba a presentar, lo cual nunca sucedió, pero después supe por medios informativos que lo acusan de haber colaborado con mi padre.
Negocios y poder
El cártel de Juárez siempre tuvo contacto con el poder político y empresarial. En 1997 corrió la versión de que Carrillo Leyva había sido detenido cuando regresaba de Suiza. Doce años después, ante la SIEDO, dice que nunca estuvo detenido y explica que en 1998 fue invitado por sus amigos “Luis y Franki” para ir al Mundial de Futbol de Francia, pero no quiso viajar.
Dice que cuando sus amigos regresaban de Francia fueron detenidos en Migración y los llevaron a una oficina...... pensando Luis, según me platica, que era por el fraude de los boletos. Al llegar a dicha oficina se dio cuenta de que en el escritorio se encontraba una ficha de identificación mía y supo que se trataba de un asunto relacionado conmigo.
Los agentes se dirigieron a Franki, diciéndole que él era yo, y como éste era yerno de Enrique Molina, quien es el dueño de la Pepsi, éste le hizo saber al presidente, quien en ese momento era Zedillo, para hacerle del conocimiento la confusión, quien ordenó a la Secretaría de Relaciones Exteriores aclarar la confusión y, hecho lo anterior, horas después dejaron en libertad a Franki y a Luis…En la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/097/2004, que contiene las acusaciones contra Vicente Carrillo Leyva, el presunto lavador de dinero del cártel de Juárez describe la estructura actual de la organización que, admite, ahora maneja su tío Vicente Carrillo Fuentes.
Expone: Actualmente sé que la organización la maneja mi tío Vicente Carrillo Fuentes alias El Viceroy, que la persona que es su segundo se llama José Luis alias el JL o El Dos Letras y que como seña particular cojea de un pie. Él es quien se encarga de la seguridad de la organización en el estado (Chihuahua), quien es un sanguinario y me amenazó de muerte desde hace aproximadamente dos años y medio, porque dice que debí haberme metido al mando de la organización después de la muerte de mi padre.
Al referirse al cerco de protección con el que cuenta su tío Vicente Carrillo Fuentes, Carrillo Leyva señala que la mayoría de los sicarios son exmilitares: Sé que ellos (su tío y el grupo que encabeza en el cártel de Juárez) manejan una célula de sicarios mayormente compuesta por exmilitares, siempre fuertemente armados, que se transportan en convoy de cuatro a seis camionetas tipo Durango o Suburban.
(Operan) con tácticas militares, se hacen mencionar gafes o ganfes, que es aeronáutico anfibio. Se aliaron con Los Zetas, al mando de Lazca o Lazcano, para tener más poder y así poder atacar y defenderse del cártel de Sinaloa. Que esto lo sé por pláticas y comentarios que he escuchado por gente de la organización criminal de mi tío Vicente Carrillo Fuentes, a los que me he encontrado en lugares públicos, quienes son de bajo perfil, es decir, choferes, mandaderos o veladores.
A finales de los años noventa, la PGR relacionó a Carrillo Leyva con operaciones de lavado de dinero y le atribuyó la propiedad de las tiendas Versace en Guadalajara, Jalisco, entre otros negocios. Ahora, El Vicentillo señala que la base de operaciones del cártel de Juárez es el estado de Chihuahua, aunque afirma que también opera en Sonora, Chiapas y Oaxaca.
En la madeja de datos, historias y anécdotas que Carrillo Leyva desmenuza en su declaración ante la SIEDO salta el nombre de Guillermo González Calderoni, excomandante de la Policía Judicial que cobró fama en el sexenio de Carlos Salinas por haber detenido a capos importantes, como Miguel Ángel Félix Gallardo, y después fue asesinado en McAllen, Texas.
De la relación de González Calderoni con Amado Carrillo, dice el hijo de éste:Recuerdo haber conocido a Guillermo González Calderoni, quien fungía como policía y comandante… llegando en un vuelo de Hermosillo con destino a Guadalajara, y al arribar a Guadalajara nos detuvo a mí y a mis hermanos pensando que mi papá venía con nosotros. Nos revisó, nos interrogó y, al ver que no venía mi papá con nosotros, nos dejó ir. Al cabo de ocho días llegó mi papá a la casa de Guadalajara con él, ya que anteriormente los pilotos le comunicaron del incidente y así logró Calderoni hacer contacto con mi papá y ahí fue donde empezó la amistad con él…La herenciaCarrillo Leyva detalla en su declaración que, tras la muerte de su padre, intentó recuperar su fortuna, que considera la herencia familiar. No tuvo el éxito que esperaba, pues algunos empresarios con los que su papá hizo negocios se negaron a pagarle; y otros, que fungían como testaferros, se rehusaron a devolverle casas, dinero en efectivo y acciones de diversas empresas constituidas con el dinero del narcotráfico.
El fallecimiento de Amado Carrillo tomó por sorpresa a su hijo:Una vez que falleció mi padre yo estaba estudiando en el Distrito Federal, cuando me avisa Martín Ríos, quien era escolta de mi papá, que se encontraba muy mal y diez minutos después recibí una llamada de mi tío Vicente diciéndome que ya había fallecido. Esto ocurrió el cuatro de julio de 1997. Me dirigí a la funeraria López, ubicada atrás del hotel Fiesta Americana, percatándome físicamente que efectivamente la persona que se encontraba en el féretro era mi padre.
Después de este suceso comenzó la búsqueda de los bienes de Amado Carrillo Fuentes. Según Carrillo Leyva esto se hizo entre los familiares y con los socios de su padre, cuyos nombres refiere:Supe que mi tío tomó el mando de la organización haciendo el reacomodo de la gente a su conveniencia. Dentro de los bienes muebles e inmuebles que él tenía para la operación de la organización nosotros nunca obtuvimos un beneficio. Los bienes de la familia eran entre seis y ocho casas, de las cuales nos repartimos entre mi madre (Candelaria Leyva Cárdenas), mis hermanos y yo, tocándome a mí una casa en Hermosillo y una en Guadalajara. A mis hermanos les tocaron dos casas en Ciudad Juárez, un departamento en Cancún y dos más en Culiacán.
En relación con el dinero de Amado Carrillo, señala:No se llegó a encontrar, dentro de las cajas fuertes que tenía escondidas, más de siete millones de dólares en efectivo, los cuales nos repartimos en partes iguales entre todos los hermanos, mi mamá y yo, tocándome a mí poco más de 1 millón de dólares.
Tiempo después hizo contacto con su tío Vicente, al que le preguntó por los bienes de su padre. El Viceroy contestó que “no había bienes de la organización”, pues algunos estaban incautados y otros se habían vendido para subsanar deudas, “dándome a entender que no había nada qué reclamar” –puntualiza Carrillo Leyva.
La mayoría de los deudores y testaferros de Carrillo Fuentes tampoco respondieron. Por ejemplo, por medio de Alcides Ramón Magaña, El Metro, Carrillo Leyva se enteró, según su testimonio, de que un colombiano apodado El Carnitas o El Fritangas le debía a su padre 10 millones de dólares.
Lo tratamos de localizar y nos dijeron que lo había secuestrado la guerrilla colombiana. Dos años después lo ubicaron, reconoció el adeudo y pidió tiempo para pagarlo, pero hasta la fecha no hemos recibido dinero alguno.En su testimonio, Carrillo Leyva menciona también al comandante de la Policía Federal de Caminos Alejandro Rostro Almaguer, afincado a principios de los noventa en Morelos, quien le dijo a Amado Carrillo por el año de 1993 que ya se iba a retirar y que deseaba poner un negocio de uniformes para venderlos a la corporación.
El comandante Almaguer le propuso a mi padre asociarse en dicha empresa, en partes iguales, diciéndome mi padre que ese negocio era mío y también las ganancias que salieran, aunque nunca me especificó la cantidad que se invirtió.
Cuando falleció mi papá le mandé a pedir cuentas al comandante, por medio del licenciado López, respecto de la fábrica de los uniformes, respondiendo él que no había nada qué aclarar ya que en su momento le pagó el préstamo de la inversión a mi papá.
Carrillo Leyva dice que posteriormente, y por medio de otro policía de Caminos, se enteró de que Rostro Almaguer seguía surtiendo uniformes a la corporación federal.
Vicente Carrillo habla de otro negocio realizado por su padre con Juan Alberto Zepeda Méndez para adquirir acciones de la Bolsa Mexicana de Valores, lo cual no se hizo, dice, porque Zepeda le ofreció comprar acciones en el Banco Anáhuac, negocio en el que implicó a Luis Sánchez Pizzini, un empresario relacionado con Carlos Cabal Peniche.
Tiempo después, el Banco Anáhuac fue intervenido por la Comisión Nacional Bancaria, entonces encabezada por Eduardo Fernández, al revelarse que el cártel de Juárez había comprado la mitad de las acciones del banco.
Tras un largo litigio –en el que, afirma Carrillo Leyva, encabezó la defensa de los accionistas el connotado panista Diego Fernández de Cevallos– el declarante se dirigió a Juan Alberto Zepeda Méndez y Jorge Hurtado Horcasitas.
Me entero por estas personas que el banco tenía problemas de malos manejos desde antes de que nosotros empezáramos la negociación de la compraventa de las acciones, por lo cual es intervenido el banco por la Comisión Nacional Bancaria, representada por Eduardo Fernández, quien tenía problemas personales, al parecer de dinero, con Juan Alberto Zepeda, Jorge Hurtado y José Luis Sánchez Pizzini.Eduardo Fernández se tomó atribuciones que no le correspondían para afectar directamente al Banco Anáhuac, con lo que nos pasa a afectar a nosotros, por lo que se inició una auditoría, fungiendo como abogado Diego Fernandez de Cevallos. Luego supe, por otras personas, que el fallo judicial salió favorable al banco, lo cual tanto Juan Alberto Zepeda Méndez –a quien Carrillo Leyva relaciona sentimentalmente con la actriz Ninel Conde– como Jorge Hurtado han negado.
Respecto del historial de Zepeda Méndez, Carrillo Leyva afirma:En el mes de julio de 2008 me encontré en un café de la Zona Rosa a Alberto Gallardo Islas, a quien conozco desde hace seis años, y me dijo que Juan Zepeda andaba haciendo gestiones para recuperar un cargamento de efedrina de una gente del cártel de Sinaloa. Me dijo que andaba gastando mucho dinero inexplicablemente…Sé que Juan Zepeda Méndez hace ejercicio todos los días en el Sport City en Santa Fe en compañía de su esposa Ninel Conde, de quien es representante artístico, y cada vez que va a plazas o a provincia con el pretexto de acompañar a su esposa, aprovecha para hacer negocios con gente relacionada con el narcotráfico.

04/01/10

Ante el abismo electoral

Alvaro Delgado
Proceso
3 de enero del 2009

En el arranque de 2010 y con el país hecho un desastre originado en la ineptitud manifiesta de los panistas para dirigirlo, el partido del presidente Calderón, con su amigo César Nava al frente, se enfrenta a la seria posibilidad de ratificar sus derrotas en los estados donde el PRI arrasó con las diputaciones federales en las elecciones de julio pasado. Con base en esos resultados y datos de encuestas públicas, las expectativas de triunfo del PAN pueden quedar limitadas a Tlaxcala y, si acaso, Aguascalientes.

Después de padecer en 2009 la peor debacle electoral de su historia de siete décadas, que ratificó la tendencia a la baja iniciada tras los impugnados comicios presidenciales de tres años antes, y en un contexto de crisis económica, alza de impuestos y violencia incontrolada, el Partido Acción Nacional (PAN) afronta un panorama aciago para el mítico 2010.

Pese a los ajustes que el Comité Ejecutivo Nacional del PAN ha hecho en la estrategia electoral, como la creación de una Secretaría General Adjunta de Elecciones y el envío de delegados especiales a los 12 estados donde se elegirá gobernador, los datos numéricos y las políticas del gobierno de Felipe Calderón perfilan un nuevo rosario de derrotas.

Por ejemplo, de los 12 estados donde se elegirá gobernador a lo largo del año, en nueve el PAN no ganó una sola diputación de mayoría en las elecciones federales de julio de 2009, en dos –Veracruz y Puebla– el predominio priista es casi total y en uno –Hidalgo– retrocedió hasta el cuarto lugar, detrás inclusive del Partido Nueva Alianza (Panal), de Elba Esther Gordillo, que cogobierna con Calderón.


Este es un adelanto del reportaje que se publica en la edición 1731 de la revista Proceso, ya en circulación

03/01/10

¿Tú votaste por Calderón, México saldrá adelante?

Hola amigos que nos visitan. Antes que nada quiero desearles que este año nuevo sea de lo mejor para ustedes y sus familias, que los proyectos que tengan en puerta se cumplan, que no se queden sólo en deseos.
Sólo que en este año para muchos de nosotros nos será más complicado por todos los aumantos que se vienen de impuestos, gasolinas, gas y lo que se derive.
En estos últmos meses le he dicho a la gente: "pero qué tal tú votaste por Calderón", e inmediatamente reparan... "No, ni lo mande Dios". Me pregunto yo: si nadie votó por Calderón... ¿cómo ganó?.
Ya lo decía nusstro Alex Lora "Nos suben la renta, nos suben la luz,nos suben el agua, la leche también, subieron la mota, también el alcohol y ahora el 2%... ¡¡qué poca madre!!"
"Bonito" regalo de fin de año y comienzos del 2010 nos dieron estos señores que nos "gobiernan". Como bien sabemos con los aumentos a las gasolinas se incremantarán los costos de todos los productos de primera necesidad y de todos en general.
Señor Calderón, le pregunto: ¿no dijo que iban a aumentar la gasolina a partir del 2010, por qué la aumentó dos veces antes del fin de año?.
Sólo porque mi educación no me lo permite, sino ya les hubiera dicho que son unos hijos de la chin..., pero no puedo, no puedo.
Ahora bien, ya párele a sus anuncios de radio en donde dice que "vamos a salir adelante", cómo se le ocurre decir eso cuando en realidad nos está llevando el tren. Ya del empleo mejor ni hablamos. Lo cierto es que México es el país que menos crece de Latinoamérica.
Y a ese ritmo la verdad no creo que en los tres años que le restan de gobierno haga algo, estamos en la decada perdida del PAN. México echó a la basura esos años y ustedes nos hundieron más en la crisis.
Es espelusnante ver los "logros" que ha tenido México en materia económica, pero qué tal, a recortarle al presupuesto a educación, salud, ciencia y tecnología, alimentación, los sectores básicos para el desarrollo de un país. Yo quisiera ver que le recorten el presupuesto a los sueldos y gastos de los políticos y a los partidos, pero eso sabemos que nunca va a suceder. ¿Dónde está la austeridad?
Cuándo será el día en que de verdad se pongan las pilas y empiecen a hacer algo por este país lleno de riquezas de gente trabajadora a la cual con tantas crisis le han ido minando sus deseos de salir adelante; con gente preparada y buenos científicos que prefieren irse a otros paises a trabajar porque aquí no se les da el apoyo y el reconocimiento que merecen; emresarios que mejor se van a otros lugares del mundo a dar empleos.
Mañana le sigo.

Escucha a José Gutiérrez Vivó desde E.U.A.

Escucha a José Gutiérrez Vivó desde E.U.A.
Lunes a Viernes 12:00 hrs./Hora del Centro

PRONUNCIAMIENTO DEL DESPIDO_CARMEN ARISTEGUI EN CASA LAMM/

Gerardo Fernandez Noroña llama a MVS a Restituir su lugar a Carmen Aristegui

Ultimos minutos de MONITOR 29 junio 2007

Entrevista a José Gutiérrez Vivó 10-sep-2010 con Carmen Aristegui 1/3

Entrevista a José Gutiérrez Vivó 10-sept-2010 con Carmen Aristegui 2/3

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¿Qué dijo de la Madrid que no se haya sabido ya?

CALDERÓN, EL VERDADERO PELIGRO PARA MÉXICO.

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GUTIÉRREZ VIVÓ Y LIC. QUIJANO CON CARMEN ARISTEGUI, ULTIMA ENTREVISTA I

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TABASCO Y LA LUNA (LAVERDAD SOBRE LO QUE OCURRIÓ)

FRAUDE MÉXICO 2006 (PELICULA COMPLETA)

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LA DESNACIONALIZACIÓN DE PEMEX: DR. ALFREDO JALIFE RAHME

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