La Jornada
23 de junio del 2009
Ayer, en una conferencia de prensa realizada en Los Pinos, el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón, flanqueado por la canciller Patricia Espinosa, anunció que la secuestradora francesa Florence Cassez no será enviada a su país a que purgue la sentencia que le impuso el Poder Judicial del nuestro, pues
el gobierno francés se pronunció por reservarse para sí la competencia de tomar decisiones sobre la suspensión o reducción de la pena o sobre los medios para hacerla cumplir. Al margen de esa decisión correcta y obvia, es sorprendente, por decir lo menos, que el gobernante haya comunicado, en un formato de mensaje a la nación, una medida que no merecía más que un boletín de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
La desmesura comunicativa no sólo implica un desgaste adicional y del todo innecesario a la institución presidencial, sino que otorga un relieve a todas luces improcedente a una delincuente convicta y confirma las críticas por el tratamiento especial de que ha sido objeto, tratamiento que implica, por contraste, una discriminación en contra de otros infractores sentenciados, extranjeros y nacionales: el simple hecho de que el gobierno calderonista haya establecido una Comisión Binacional con las autoridades francesas para revisar el proceso fue una anomalía y una injusticia, pues no se ha hecho nada similar con otros delincuentes foráneos ni se ha solicitado a otro país en el caso de infractores mexicanos arrestados en el exterior.
Para ilustrar este doble rasero, ha de recordarse que Calderón no ha hecho una sola referencia al dirigente atenquense Ignacio del Valle, cuyo proceso exhibe numerosas irregularidades, dio pie a una sentencia desproporcionada y absurda, y reviste para nuestro país, una importancia política mucho mayor que la de la secuestradora francesa. Más aun, es pertinente cuestionar con base en qué criterio el jefe del Ejecutivo dedica un mensaje nacional a la situación de una delincuente sentenciada y no lo ha hecho, en los 17 días transcurridos desde la tragedia de la guardería ABC, en Hermosillo, para fijar una posición ante la muerte de 47 menores como resultado de una cadena de negligencias y descuidos inexcusables que pasa por áreas de su propia administración.
En suma, es lamentable que el gobierno mexicano haya aceptado convertir en asunto de Estado un episodio que corresponde a la administración de la justicia penal y que, aun sin entregar a la plagiaria a su país, haya realizado concesiones indebidas –la conferencia de prensa de ayer pareciera ser una de ellas– ante el fenómeno de opinión pública en que fue transformada Cassez por el mercantilismo y el amarillismo de los medios franceses y por la desaforada búsqueda de popularidad del presidente Nicolas Sarkozy.
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