El paraíso financiero que el gobernador Eduardo Bours prometió al inicio de su mandato, y que iba a construir con su ambicioso Plan Sonora Proyecta, se esfumó. Ideado para beneficiar a los empresarios con contratos de obra pública y no a la población, el programa quedó pendiente, de modo que las verdaderas obras de Bours al final de su gestión son: millón y medio de pobres, la megadeuda de 16 mil millones, un férreo cacicazgo político, así como sonados casos de corrupción y tráfico de influencias.
José Gil Olmos Proceso 13 de juio del 2009
HERMOSILLO, SON.-Cuando Eduardo Bours Castelo empezaba a gobernar prometió que Sonora sería la principal entidad del noroeste del país por su capacidad financiera, ya que él la modernizaría hasta convertirla en “un estado de primer mundo”. Sin embargo, al final de su sexenio el mandatario y empresario dejará una deuda aproximada de 16 mil millones de pesos, 1 millón y medio de pobres, una red de complicidades políticas en las que destaca su propia familia, enriquecida al amparo de su poder, y sospechas de que su gobierno fue infiltrado por el narcotráfico, por lo que los sonorenses difícilmente olvidarán la estela de escándalos.
A las críticas por el enriquecimiento de la familia Bours, que amplió sus negocios al turismo, la acuacultura y la especulación inmobiliaria en este sexenio, se suma la averiguación previa que la PGR abrió contra Lázaro González Cruz, jefe de escoltas del mandatario estatal, por sus presuntos vínculos con el narcotráfico (Proceso 1643). De igual forma, se abonan en las cuentas del gobernador el fracaso del Plan Sonora Proyecta, por el cual adquirió una deuda millonaria a pagar en los próximos 30 años, y la trágica muerte de 45 infantes en el incendio de una guardería que es parte de un amplio negocio en manos de funcionarios del gobierno estatal.
Con todo, Bours se prepara para pelear por la Presidencia de la República en 2012, pero no por el PRI que lo llevó a la gubernatura, sino a través de Partido Nueva Alianza (Panal), creado por su amiga Elba Esther Gordillo, quien ha dicho en varias ocasiones que el gobernador de Sonora es uno de sus favoritos para disputar el máximo cargo de elección popular.
Su carta fuerte para alcanzar esa candidatura son los supuestos “logros económicos” de su gestión. Según el último reporte del Instituto Mexicano de Competitividad (Imco), en el trienio 2003-2006 la situación competitiva del estado mejoró, ya que se ubicó en el lugar 14 en cuanto a la formación bruta de capital fijo (la productividad), en el sexto por su estabilidad económica y en decimoprimero por la fortaleza de los sectores económicos. Estas cifras no seducen a todos.
La candidata del PRD al gobierno del estado, Petra Santos, asegura que la actual administración deja tras de sí 1 millón y medio de pobres, concentrados en las comunidades campesinas e indígenas del sur sonorense. El déficit también es político. Datos del mismo Imco indican que Sonora está casi en el fondo de la lista nacional en desarrollo democrático, en el lugar 30, debido al cacicazgo político absoluto del gobernador y empresario tanto en el PRI estatal como en el Congreso, en los medios de comunicación y en órganos que deben ser autónomos como el Consejo Estatal Electoral y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.
Alejandro Covarrubias, profesor e investigador del Centro de Estudios de América del Norte de El Colegio de Sonora, precisa que si bien es cierto que Bours ha tomado decisiones que han ayudado a atraer inversiones, “de nada nos sirve compararlo con Oaxaca o Chiapas, porque no se puede comparar. Nosotros seguimos siendo el estado que está a la zaga, entre los últimos en la frontera norte”. El doctor en relaciones industriales y laborales por la Universidad de Cornell destaca la contradicción entre la aparente marcha económica y el rezago político de Sonora bajo el gobierno de Eduardo Bours.
–¿A qué se debe ese rezago?
–Entre otras cosas se debe a que no hay alternancia en el gobierno de Sonora, no hay apertura política y el funcionamiento institucional tiene limitaciones que dejan mucho que desear.
–¿Ese aspecto refleja lo que ha sido el gobierno de Bours, de control, de familias de poder?
–Sí, esa es una interpretación que ustedes pueden dar, pero yo en lo personal he puesto énfasis en que las instituciones que tiene la democracia no han avanzado en Sonora, y en esto cito dos casos particularmente: las instituciones vitales en la trayectoria política ciudadana, que son el Consejo Estatal Electoral y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Nosotros, en esas comisiones, hemos visto un operar prácticamente desde arriba, empezando con la elección de consejeros y siguiendo con la elección del presidente de la CEDH.
Covarrubias señala que en 1997, cuando se creó el Consejo Estatal Electoral, se vio con esperanza que había sido integrado con gente respetada, académicos con trayectoria, honorabilidad e independencia probadas, pero que a partir de 2003, con la llegada de Bours, la selección de consejeros se hizo siempre en un marco de conflicto “en el que los consejeros aparecían etiquetados”. Y lo mismo ocurrió con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. En ese sentido, insiste en que en el discurso de Bours representaba una posibilidad de modernización y transformación económica, pero que en la práctica nunca tuvo un discurso equivalente de modernización política.
Fracaso económico
A mediados de 2007, Eduardo Bours presentó el ambicioso Plan Sonora Proyecta (PSP), a través del cual se planteaba el crecimiento económico estratégico y el desarrollo social del estado. “Es lo que Sonora necesita para ser un estado de primer mundo”, aseguró entonces el gobernador. El complicado esquema financiero creado por el exsecretario de Hacienda, Pedro Aspe, amigo del gobernador, consistía en crear uno o varios fideicomisos para administrar, en 30 años, 114 mil millones de pesos provenientes de los impuestos de tenencia, placas y el impuesto a autos nuevos, monto estimado entonces por el coordinador de la bancada del PAN en el Congreso del estado, Florencio Díaz Armenta.
En agosto de 2007, Bours mandó dos iniciativas para reformar la Ley de Deuda Pública con el fin de permitir la operación de un fideicomiso de financiamiento para obtener de inmediato hasta 9 mil 200 millones de pesos, emitiendo bonos garantizados con activos u otro tipo de deuda. Con estas iniciativas, aprobadas con un solo voto de diferencia, el gobernador señaló que obtenía de entrada 4 mil millones de pesos “para detonar” la creación de infraestructura en los 35 municipios, mientras que los 5 mil 200 millones de pesos restantes se destinarían a pagar la deuda pública de entonces.
Según las alegres cuentas oficiales, los bonos estarían asegurados por tres décadas y, en caso de que los recursos del fideicomiso no fueran suficientes, el seguro lo cubriría. Además, Bours prometió un ahorro de 560 millones de pesos en cuatro años, pues la tasa de interés que se aplicaría sería 13% menor a la que pesaba sobre la deuda de aquel tiempo. “Es decir, los bonos limpian la deuda, dan recursos extras, se paga una tasa más barata y, al estar asegurados, se reduce el riesgo para ésta y las futuras administraciones”, afirmó Bours al presentar el PSP en mayo de 2007. Pero el ambicioso plan se detuvo.
En septiembre de 2007, algunos diputados inconformes presentaron una acción de inconstitucionalidad contra las iniciativas a la Ley de Deuda Pública, alegando que contraviene el artículo 117 de la Constitución Política Mexicana, el cual señala que los estados no podrán contraer obligaciones o empréstitos sino cuando se destinen a inversiones públicas productivas. El caso es que las obras “estratégicas” de Bours no generan recursos porque se trata de la remodelación de auditorios, construcción de puentes, plazas públicas, caminos y carreteras, pasos peatonales y parques urbanos. Así, aunque el gobernador sonorense tiene experiencia de negocios –y pese a que su familia obtiene impresionantes ganancias con los hoteles de lujo en Puerto Peñasco, la compraventa de terrenos en Ciudad Obregón, la impresionante empresa acuícola Larvas Génesis y las trasnacionales Ocean Garden y Bachoco–, se le cayó su principal apuesta económica de gobierno. La mencionada controversia constitucional sigue sin resolverse y, según algunos especialistas, Bours podía continuar las obras, ya que el fideicomiso nunca estuvo impedido para emitir bonos o para contratar un préstamo porque la controversia no tiene efecto retroactivo. Pero el gobernador no lo hizo y la deuda creció. El 30 abril del 2008, tras cuatro meses sin gestionar el financiamiento, el gobernador recurrió a su viejo amigo Roberto Hernández, el dueño de Banorte (banco del cual era socio el propio gobernador). Le pidió 4 mil 588 millones de pesos, de los cuales 4 mil millones destinó a las obras y el resto a gastos de constitución de crédito y de reservas.
La candidata perredista Petra Santos sostiene que sólo por intereses de ese préstamo ya se deben 9 mil millones de pesos y que la deuda que dejará Bours al terminar su gestión será de 16 mil millones. “El próximo gobernador recibirá un estado en bancarrota. Se planeaban 70 obras, pero la mayoría no están terminadas. Sólo 10 han sido concluidas, pero con mala calidad, y ya no le va a alcanzar el tiempo porque termina su gobierno en septiembre. ¿Dónde está el dinero? Lo han gastado en las campañas, hay derroche”, asegura la legisladora, que junto con los panistas promovió la controversia constitucional. Afirma que el candidato del PAN a la gubernatura, Guillermo Padrés Elías, y el del PRI, su primo Alfonso Elías Serrano, han gastado 500 millones pesos cada uno, cuando la ley establece un tope de 80 millones. Dice Santos que esos aspirantes pagan páginas completas de propaganda en los periódicos, a razón de 1 millón y medio de pesos diarios. “Por eso la prensa está muy controlada”, advierte.
Beneficio para empresarios
Guillermo Noriega Esparza, director de la agrupación civil Sonora Ciudadana –quien renunció al consejo que vigilaría el desarrollo del PSP al descubrir que los constructores establecían las reglas de licitación–, advierte que ese plan se encamina al fracaso.
Señala que no se ha visto el cumplimiento de los objetivos básicos para los que fue creado, como detonar el crecimiento y el desarrollo de la entidad. “Sigo viendo al estado en las mismas condiciones, con más puentes tal vez, pero persisten las mismas deficiencias”, explica.
Desde el principio, Noriega ha sostenido que al PSP le hizo falta carácter social, pues no se tomaron en cuenta las verdaderas necesidades de la población, como las plantas de agua potable y la pavimentación de las calles de muchas ciudades pequeñas, donde la gente se enferma de las vías respiratorias por el polvo. “El punto es a quién favorece la construcción de la infraestructura.
No es a la sociedad, sino a los constructores y a los empresarios”, critica. De acuerdo con investigaciones de varios organismos civiles, el gobierno de Eduardo Bours se ha caracterizado por el continuo tráfico de influencias para beneficiar a sus familiares y amigos. En marzo de 2006 una de sus primas, Rossana Robinson Bours Muñoz, cinco de sus hermanos y cuatro amigos vendieron al gobierno varios lotes en el centro de la ciudad de Cajeme en 10 millones y medio de pesos para que ahí se construyera el nuevo edificio de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Cuando se le cuestionó al gobernador esa transacción, contestó que no le importaba las críticas porque la compraventa “no fue ilegal ni inmoral”. Otro caso fue la compra de 270 autobuses que el gobierno de Eduardo Bours le hizo a su hermano José Gerardo, socio y director general de la automotriz Mercedes Benz en la entidad.
La operación, en el marco del Sistema Estatal para la Modernización del Transporte Urbano (Suba) –que a la postre fracasó al cambiar las rutas de los autobuses sin tomar en cuenta a los usuarios–, se realizó a pesar de que el Congreso de Sonora señaló claramente que contravenía la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y las unidades eran más caras de lo previsto.
El director de Sonora Ciudadana señala que tampoco en el PSP se mostró la transparencia prometida a lo largo de la administración de Bours. “El gobernador dijo que sería un plan sumamente transparente y hasta el momento hemos visto que no funciona el Consejo Ciudadano de Vigilancia. Yo renuncié por la nula intención de ser transparentes, no me quise prestar a una simulación y tener sobre mis espaldas el engaño del que ha sido víctima la población, porque realmente se está manejando como un programa netamente electoral.
–¿Va hacia el fracaso el plan?
–La tendencia es que la gente se dé cuenta de que los objetivos planteados desde el inicio no eran los correctos, porque no se detona el desarrollo del estado a partir de crear puentes e infraestructura. Esto sólo es una parte de una serie de actividades o de inversiones en capital humano y, además, con una visión estratégica, apuntando hacia un objetivo determinado. No veo que las obras del Plan Sonora Proyecta tengan una estrategia de gobierno, veo las obras más perfiladas a ser acciones de relumbrón electoral que de una idea estratégica.
–¿No llama la atención que siendo Bours un empresario haya manejado mal ese plan?
–No, creo que es todo lo contrario porque, siendo un empresario, manejó eso para beneficiar a los empresarios y no a la población. Si dentro del PSP se hubiera planteado la creación de una planta para proveer de agua a la región cuando no la hay, hubiera sido una obra estratégica que beneficiara a la población, pero no fue así: el beneficio es para el constructor. Lo único que está haciendo (Bours) es tratar de salvar todo su sexenio e incidir en la elección.
–¿Qué constructoras se han visto beneficiadas?
–Prácticamente todas ellas son sonorenses. Unos meses antes de empezar el PSP aprobaron una nueva Ley de Obras Públicas en la cual las cámaras de constructores participaron en la definición de las reglas del juego. Entonces se generaron entre ellos mismos beneficios que inhibieron una sana competencia, y eso se llevó a cabo en complicidad con el gobierno. Por ejemplo, dice Guillermo Noriega, si la constructora es del estado se le da una ventaja de 5% en la licitación y otro 5% si pertenece a una cámara empresarial, lo cual califica como un acto de corrupción. Por eso, dice, “a mí eso me ha creado una sospecha de quiénes son los principales donantes de las campañas del PRI, (es necesario) ver dónde terminaron esos millones de pesos del PSP que beneficiaron a los constructores. Muy posiblemente esos mismos constructores que se beneficiaron con las obras son los principales donantes de las campañas”.
